Hotesur-Los Sauces, el juicio que se viene contra los Kirchner: se completó el Tribunal y aguardan un peritaje clave

El Tribunal Oral Federal N° 5 quedó conformado para el juicio de las causas “Hotesur - Los Sauces”, otro debate oral y público en el horizonte judicial de Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otra veintena de imputados. Los magistrados que juzgarán los hechos son José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu.

Uriburu viene de ser designado por sorteo el pasado viernes en la Cámara Federal de Casación Penal. Es juez del TOF N° 2 y condenó a la ex presidenta de la Nación en la causa “Vialidad”.

Esto, según pudo saber Infobae de fuentes del caso, servirá para que las defensas impulsen un pedido de apartamiento del magistrado recién elegido. Por ejemplo, recientemente el juez Andrés Basso -otro de los que dictó sentencia en Vialidad- se apartó del juicio de “Cuadernos” por este motivo, luego de ser designado como cuarto juez.

El TOF N° 5, antes del juicio, había sobreseído a todos los acusados. Esa decisión fue revertida luego por la Casación, lo que se confirmó el año pasado en la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces se retomó el trámite para llegar a juicio oral con todos los imputados excepto Florencia Kirchner, sobre quien se mantuvo su sobreseimiento.

El inicio del debate aún no tiene fecha. Una de las principales trabas es una pericia contable pendiente sobre la inmobiliaria Los Sauces, por la cual el fiscal general Diego Velasco reclamó meses atrás en un escrito que se “inste a los peritos intervinientes para que informen sobre el estado de avance del estudio encomendado”, a la vez que “estimen el tiempo que les llevará tal tarea y con ello, informen la fecha probable para el fin de su trabajo”.

El caso Hotesur-Los Sauces

La investigación desarrollada por el fiscal Gerardo Pollicita reconstruyó una compleja maniobra financiera que habría operado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, presuntamente diseñada para canalizar fondos públicos hacia el patrimonio de la familia de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Según la acusación, se montó una organización criminal encabezada por el matrimonio presidencial que utilizó la estructura del Estado para beneficiar a empresarios amigos, quienes luego retornaron parte de esas ganancias a los mandatarios a través de alquileres de hoteles y propiedades. Los delitos imputados son por lavado de activos, asociación ilícita y dádivas.

El esquema delictivo se dividió en etapas diferenciadas. En una primera fase, los funcionarios públicos direccionaron contratos millonarios de obra vial en la provincia de Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez, como Austral Construcciones y Kank y Costilla. Una vez que estos grupos económicos recibieron el dinero del Estado, se puso en marcha la segunda etapa del plan: el reciclaje de esos fondos para que ingresaran al patrimonio de los Kirchner con apariencia de legalidad.

Para concretar esta maniobra de blanqueo, siempre de acuerdo a la acusación, la familia Kirchner adquirió una cadena de hoteles y fundó una sociedad inmobiliaria.

Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo Máximo compraron el hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas y el hotel La Aldea del Chaltén. La adquisición de estos bienes se financió, en gran medida, con dinero proveniente del propio Lázaro Báez, quien otorgó préstamos y compró terrenos a los ex mandatarios a precios elevados para dotarlos de liquidez.

Con los hoteles en su poder, la familia presidencial entregó la administración y explotación de estos establecimientos a una “empresa pantalla” llamada Valle Mitre, controlada por Báez. Esta firma, que según la Fiscalía carecía de experiencia previa en el rubro hotelero, se encargó de recibir el dinero de las constructoras de Báez y transferirlo a las cuentas de la familia Kirchner bajo el concepto de alquileres.

La investigación detectó que las empresas constructoras pagaron sumas millonarias a Valle Mitre por la supuesta contratación de habitaciones para sus empleados. Sin embargo, se determinó que estos contratos habrían sido simulados, ya que las obras viales se encontraban a cientos de kilómetros de los hoteles, lo que hacía imposible que los trabajadores se alojaran allí.

De este modo, el dinero fluyó desde la obra pública hacia la administradora hotelera y finalmente a las cuentas de la sociedad Hotesur, propiedad de los Kirchner, garantizándoles ingresos fijos y desproporcionados con la rentabilidad real del negocio.

Paralelamente, se utilizó a la empresa Los Sauces S.A., constituida en 2006 por el matrimonio Kirchner y su hijo Máximo, para realizar maniobras similares a través del rubro inmobiliario. Esta sociedad adquirió departamentos lujosos en el barrio de Puerto Madero y propiedades en Río Gallegos.

Los investigadores señalaron que estos alquileres también carecían de lógica comercial. Por ejemplo, las empresas de López alquilaron un departamento que fue utilizado como vivienda por un socio y pagaron por el uso de espacios comunes y servicios del edificio que ya estaban incluidos en la locación principal. Estos contratos permitieron que millones de pesos ingresaran a la empresa Los Sauces, los cuales habrían sido retirados luego por los integrantes de la familia Kirchner mediante adelantos de dividendos o pagos de gastos personales.

En este entramado, cada integrante de la familia es señalado con un rol específico. Néstor Kirchner y Cristina Fernández actuaron como jefes de la organización y aportaron los bienes para el lavado. Máximo Kirchner se desempeñó como organizador, administró las sociedades familiares, firmó los contratos de alquiler y manejó las cuentas bancarias, según le imputan.

La estructura necesitó de la colaboración de profesionales y testaferros, de acuerdo a lo que se desprende de la causa. Osvaldo Sanfelice intervino en la compra oculta del hotel Alto Calafate para los Kirchner y administró sus propiedades. El contador Víctor Manzanares diseñó el andamiaje contable para justificar los ingresos en las declaraciones juradas ante los organismos de control. También participaron los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, quienes formalizaron las escrituras y actas necesarias para dar apariencia legal a los traspasos de bienes y dinero.

En definitiva, la acusación que defenderá el fiscal Velasco en el juicio sostiene que la fortuna de la familia Kirchner creció exponencialmente gracias a un plan sistemático de sustracción de fondos estatales y su posterior reingreso a sus bienes mediante negocios privados simulados con los mismos empresarios beneficiados por su gestión.