La Cámara Federal de Casación citó a la defensa de la detenida ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a una audiencia de informes para el próximo lunes 22 de diciembre, antes de resolver si confirma o revoca las nuevas restricciones que le impusieron para las visitas en su prisión domiciliaria.
El presidente de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, Mariano Borinsky, fijó audiencia para ese día y tanto la defensa como la fiscalía podrán presentar escritos -“breves notas”- o bien, si lo desean, exponer de manera presencial.
El 19 de noviembre pasado el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, a cargo de la ejecución de la condena, estableció nuevas reglas, más restrictivas, para las visitas luego de un encuentro de la ex presidenta con nueve economistas en San José 1111, donde cumple bajo prisión domiciliaria una pena a seis años de prisión en la causa Vialidad.
Se estableció que debe requerir autorización individual, expresa y previa para cualquier persona por fuera de su entorno más cercano; un tiempo máximo de duración por visita de 2 horas y acotadas a dos veces por semana con un límite de hasta tres personas a la vez.
Apelación de la defensa
La defensa de CFK apeló ante Casación y ayer el Tribunal Oral Federal 2 concedió el recurso. Ahora el tema será analizado por los camaristas Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
“La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada (en su cuenta en la red social X), no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”, argumentó Gorini cuando fijó las nuevas condiciones más estrictas que las que regían desde el inicio de la prisión domiciliaria en junio pasado.
El juez determinó que “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”.
Los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la decisión de restringir el contacto de la expresidenta con el exterior carecía “de sustento lógico y jurídico”.
Sostuvieron que el endurecimiento de las condiciones provocaba “un gravamen de naturaleza irreparable” -algo necesario para llegar a la Casación- y denunciaron que la interpretación de la ley penal realizada por el magistrado fue extensiva, lo cual lesionaría los principios de legalidad y reserva que protegen a los ciudadanos.
También hicieron reserva de acudir a organismos internacionales de derechos humanos si el reclamo no prospera en el ámbito local.
La visita cuestionada
El 17 de noviembre pasado, la ex presidenta difundió desde su cuenta en X una reunión con un grupo de economistas que, según indicó, representaban a “más de ochenta profesionales” y le habían presentado un documento de unas cuatrocientas páginas.
El tribunal verificó que todas las personas que participaron del encuentro estaban incluidas en la nómina presentada el 12 de noviembre, pero remarcó que jamás se pidió autorización para que ingresaran en forma simultánea.
“La visita de las nueve personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”, apuntó Gorini.
Lo ocurrido “excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta”, concluyó el juez.
La defensa en su apelación consideró “arbitraria, infundada y contradictoria” la decisión. Remarcó que antes del 19 de noviembre no existía una regla sobre la cantidad de visitantes ni si podían o no ser encuentros simultáneos y que todas las visitas estaban autorizadas.