Un pasajero ofuscado por la cancelación de su vuelo mencionó la palabra “bomba” frente al mostrador de check in de una aerolínea en el Aeroparque porteño y terminó procesado por supuesta “intimidación pública” y embargado en un millón de pesos.
La decisión acaba de ser confirmada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que dispuso además profundizar la pesquisa para determinar de manera más exacta en qué términos y contexto se refirió a un artefacto explosivo.
Es que testigos hicieron mención a frases distintas como “voy a poner una bomba para poder tomar el avión” o “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan”. Y una empleada dijo que el pasajero estaba angustiado porque su vuelo se había cancelado varias veces.
Fallido viaje a Iguazú
Todo comenzó una tarde de mayo pasado cuando un agente de tráfico de la empresa aérea se presentó en la guardia de prevención del “Aeroparque Jorge Newbery” y refirió que cuando efectuaba el “check in” de un vuelo con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un pasajero le dijo: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”.
De inmediato se fijó un perímetro en el lugar, se identificó al pasajero y se despejó la zona como medida preventiva, además de convocar al Agrupamiento Especial GEDEX, bomberos y dar aviso a la jefatura del aeropuerto.
Dos empleadas de la empresa aérea declararon como testigos: una dijo que escuchó la frase “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan...”.
Le pidieron al pasajero que no usara esa palabra en el aeropuerto y él, según la testigo, volvió a insistir y a preguntar por qué no podía hacerlo. Después, ante la policía, el hombre dijo que todo fue un malentendido.
Otra testigo manifestó no recordar exacta la frase pero que fue “algo así como ‘hace falta que ponga una bomba para que me den bola, atención” y lo adjudicó a que el pasajero tenía “angustia y enojo” porque se había suspendido su vuelo en varias oportunidades.
Por qué es delito
La defensa había solicitado el sobreseimiento, porque argumentó que no existió intención de generar alarma pública y que la frase carecía de idoneidad para provocar un daño real. El pasajero no tuvo intención de asustar a nadie, enfatizó.
Pero la sala II del Tribunal de Apelaciones rechazó esas explicaciones y concluyó que lo ocurrido excedió cualquier “malentendido”: la actitud del pasajero “tuvo aptitud para afectar la tranquilidad pública”, algo que se vio reflejado en la reacción del personal y la evacuación parcial del sector, remarca la resolución judicial. También se revisaron sus pertenencias.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun destacaron que el pasajero no podía desconocer las consecuencias de sus palabras porque “estaba en una terminal aérea altamente concurrida”.
El tribunal remarcó, además, que el delito de intimidación pública es un delito formal, que “se consuma al proferirse la amenaza”, sin que sea necesario que la gente efectivamente se atemorice o que se genere un tumulto.
Basta con que la acción sea apta para crear ese peligro, algo que —según la resolución— se verificó plenamente en Aeroparque.
Los camaristas concluyeron que “se encuentra suficientemente acreditada la responsabilidad” del pasajero y que los elementos reunidos hasta ahora alcanzan para mantener de manera provisoria el procesamiento mientras continúa la investigación.
Para el Tribunal, la pesquisa “no está completa” y es necesario profundizar “las versiones de los testigos y procurar obtener otras de personas que presenciaron los eventos”
También pidieron realizar los exámenes médicos al acusado, “para obtener más datos sobre los pormenores de los hechos y sus eventuales motivaciones”, concluyeron los jueces.