El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación, avanzó hoy con la aprobación de su presupuesto para el 2026, que estimó en más de dos billones de pesos, de los cuales más del 95 por ciento corresponde a los gastos de personal, principalmente el pago de sueldos.
La Comisión de Administración y Financiera del Consejo aprobó hoy el proyecto de presupuesto de gastos para el Poder Judicial en 2026 y requirió 2.007.943.778.229 de pesos.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que fue aprobado por los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones; por la abogada Jimena De la Torre; por el diputado del PRO Álvaro González; y por el senador de la Unión Cívica Radical Eduardo Vischi. En tanto, se abstuvieron el presidente de la Comisión y representante del gobierno de Javier Milei en el Consejo, Sebastián Amerio, y los representantes del kirchnerismo: los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tailhade. Quien estuvo ausente fue el representante de los académicos Guillermo Tamarit.
El proyecto pasará ahora al plenario del Consejo, que preside el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para su aprobación final. Cuando eso ocurra se enviará -junto con el presupuesto de la Corte Suprema, que elabora de manera independiente- al Poder Ejecutivo para que lo remita al Congreso de la Nación donde se aprueba.
Lo que ocurre es que siempre el gobierno recorta el pedido que hace la justicia. En los últimos dos años no hubo presupuesto nacional y fue prorrogado por el gobierno nacional.
“Que la preparación del Anteproyecto de Presupuesto responde a una evaluación pormenorizada de las necesidades del Poder Judicial de la Nación, a partir de los requerimientos formulados por las direcciones de la Administración General y por los distintos tribunales del país, con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”, sostiene el proyecto que aprobó la Comisión de Administración y Financiera.
También que “en ese orden de ideas, se ha tomado como punto de partida la organización legal vigente, y se han aplicado criterios que asignan prioridades en la provisión de bienes y servicios, agrupando aquellos de similares características, a fin de lograr una evaluación realista de las necesidades, acorde con las funciones esenciales de este Poder del Estado”.
“Que, en materia de recursos humanos, se ha procedido a cuantificar la dotación de personal correspondiente a la planta de estructura, así como la del personal asignado a los tribunales creados y aún no habilitados. Adicionalmente, se ha contemplado la dotación prevista para aquellos tribunales habilitados con un número de cargos inferior al establecido en las respectivas leyes de creación”, afirma el texto sobre ese punto y para el 2026 el Consejo estima en 24.576 cargos judiciales.
Los dos billones de pesos que solicitó el Consejo de la Magistratura de la Nación se distribuye en cinco grandes ítems: gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias. De esos el 95 por ciento del presupuesto corresponde a los gastos de personal. Se trata del pago de los sueldos que son 1.9 billones de pesos del total: 1.904.350.939.504