Durante el segundo semestre de 2024, la confianza de la sociedad argentina en la Justicia se incrementó 2,5 puntos con relación a igual período de 2023, según reveló el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) correspondiente a noviembre de este año elaborado por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores) y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
El ICJ mide semestralmente la evolución de la opinión pública respecto de la administración de justicia en la Argentina y está compuesto por dos subíndices. El subíndice conductual, que permite conocer el comportamiento que los encuestados manifiestan que tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral, sumando en esta medición la posibilidad de ser víctima de un delito. Y el subíndice perceptual, que mide la opinión de los encuestados respecto de atributos que se esperan de la justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad. En esta medición, además, se consultó sobre el rol de contralor de los poderes político y económico. El ICJ, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices, el conductual y el perceptual, y tiene una amplitud que va de 0 a 100.
En esta edición se incorporaron cuatro nuevas preguntas: dos para conocer la confianza ciudadana en la justicia ante situaciones delictuales y en materia de control del poder, y las otras dos recogen las razones por las cuales las personas no recurrirían a la justicia frente a un conflicto jurídico y aquellos cambios que la sociedad considera necesarios para mejorar la confianza en la justicia.
De esta manera, en esta ocasión el ICJ tiene dos valores correspondientes, uno a la versión clásica y el otro a la nueva versión. Para el mes de noviembre de 2024, el Índice de Confianza arrojó un resultado de 49,7 puntos para la versión clásica y 50 puntos para la nueva versión.
Como se mencionó en el trabajo, la confianza ciudadana en la justicia aumenta frente a situaciones delictuales hipotéticas que las tendría por víctimas; y disminuye cuando se consulta sobre el deber de la justicia de controlar a los poderes político y económico.
Según el ICJ, las principales razones por las cuales las personas no recurrirían a la justicia ante alguna situación judiciable son: el mal funcionamiento o la lentitud del sistema judicial y la preferencia de resolver el problema por otros medios.
Asimismo, la mayoría de las personas cree que para mejorar la confianza en la Justicia argentina debería haber menor interferencia de la política y/o del poder económico, los jueces deberían tener mejor formación y capacitación y los juicios tendrían que demorar menos y ser más transparentes.
El estudio reveló además que aquellas personas que efectivamente participaron en un procedimiento judicial tienen mayor confianza en la justicia que quienes no lo hicieron.
Preguntados con relación a la honestidad y honradez si consideraban que la justicia argentina es muy, bastante, poco o nada confiable; el 58 por ciento de los encuestados respondió que es poco confiable, el 28 por ciento que es nada confiable, el 9 por ciento que es bastante confiable y sólo un 4 por ciento opinó que es confiable.
En cuanto a su capacidad y eficiencia, el 27 por ciento considera que es nada confiable, el 60 por ciento que es poco confiable y apenas el 1 por ciento dijo que es muy confiable.
Los resultados del Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) fueron presentados este martes 26 de noviembre por la tarde por Fores y la escuela de Derecho de la Universidad Di Tella en un acto que se llevó a cabo en el campus de la casa de estudios en el barrio porteño de Núñez.
En el encuentro, Marcelo Octavio de Jesús, codirector del proyecto por FORES, sostuvo que el índice no es sólo un diagnóstico de lo que la ciudadanía cree sobre la Justicia, es también una interpelación a la acción; y agregó que la primera preocupación es que el índice conductual (donde la gente ante un problema lo llevaría a la Justicia) da 70 puntos, “es un número muy bajo para un servicio público virtualmente monopólico”. “¿Qué hace el 30% restante?” se preguntó de Jesús, respondiendo que o bien se frustra o bien hace justicia por mano propia.
En la presentación del ICJ participaron también Paola Bergallo, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la UTDT; y Mariano Valentini, abogado e investigador del Colaboratorio de Derecho y Desarrollo de la Escuela de Derecho de la UTDT.
Cerró el acto, en representación de FORES, Pablo Pirovano, futuro presidente de la entidad quien señaló que “sin una justicia independiente y eficiente, no podemos esperar que se respeten los derechos de los ciudadanos, ni que se garanticen las condiciones para un desarrollo económico y social sostenible”.
Asimismo, destacó que “los tribunales no deben ser sólo una garantía de protección y tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, sino que también constituyen un mecanismo de control; control que se realiza, exclusivamente, dentro de los parámetros de la legalidad; y es precisamente en esta faceta de control de los poderes públicos donde la actividad judicial cobra, sin duda, mayor relevancia”.