La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la presentación que hizo uno de los empresarios acusados en la causa Cuadernos y pedía que se anulara su declaración indagatoria de 2019 en donde reconocía los pagos ilícitos. Según explicó, antes había pasado por una escribanía para avisar que iba a mentir. Se trata de Mario Ludovico Rovella, quien forma parte de los hombres de negocios procesados en el expediente conocido como “la Camarita”.
Rovella nunca declaró como imputado-colaborador, obligado a decir verdad. Sus dichos se dieron en el marco de una declaración indagatoria. Sin embargo en marzo del 2023 presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 7 que tiene en sus manos la causa. Allí sus abogados Pablo Medrano y Enrique Arce aseguraron: “nuestro representado se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co-imputado Ernesto Clarens, durante el trance que vivió -el mismo que sufrió nuestro asistido de procurar evitar su ilegítima privación de libertad-.”
“Así pues, la ‘confesión’ de nuestro representado carece de validez en razón de que tal reconocimiento no emanó de la libre voluntad del Sr. Rovella, sino que fue producto de la coacción psíquica de ser ilegítimamente privado de su libertad ambulatoria para el supuesto de que guardase silencio –si se negaba a declarar- o negara los cargos –en el caso de hacerlo”. La defensa también pidió que, consecuentemente a la nulidad de su indagatoria, cayera el procesamiento y la elevación a juicio en su contra.
Los jueces del TOF 7 Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el planteo y ahora la defensa buscaba revertir esa suerte en Casación. Pero este jueves la Sala III de Casación -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques- volvió a confirmar la negativa.
Todo sucedió en un desprendimiento de la investigación iniciada con las anotaciones de Oscar Centeno y en donde quedó procesada la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que habría organizado un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, entre 2003 y 2015. La causa “La Camarita” se abrió con las confesiones de algunos arrepentidos: Carlos Wagner, Ernesto Clarens y José López. Ahí aseguraron que hubo un sistema en donde se le pedían retornos a los integrantes del “club de la obra pública” constituidos en la Cámara Argentina de la Construcción y se aportó unos listados sobre coimas y listas de empresas y personas.
Entre esos empresarios procesados en la causa “La Camarita” está Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Precisamente otra Sala de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, debe resolver si anula un fallo dictado en agosto pasado que resolvió que las acusaciones contra Calcaterra por los viajes de Centeno pasen al fuero electoral porque habrían sido aportes de campaña.
Esta semana, la fiscalía federal, con Raúl Pleé y Fabiana León a la cabeza, le reclamaron a Casación que anule la decisión. A su juicio sería una absolución encubierta para Calcaterra. La Unidad de Información Financiera, querellante en el proceso, también pidió su nulidad. El abogado Mariano Ezeyza subrayó que el organismo fue un afectado directao: no había sido notificada de la resolución anterior y resaltó que el dinero circulante en las maniobras formó parte de la corrupción. La defensora del empresario, María Valeria Oneto, rechazó estos argumentos y los trató de “insólitos”. Habló de una “campaña mediática” en su contra y aseguró que si prospera su planteo, su cliente igual estaría sentado en el banquillo por el expediente “La Camarita”.
Son muchos los involucrados que entienden que ellos también deben salir del expediente y pasar al fuero federal. Algunos lo consiguieron antes de que el caso llegara a juicio, pero los acusadores sostienen que, en todo caso, eso deberán plantearlo ante el tribunal oral.
El TOF -que ya se había rechazado el pase de Calcaterra y cuestionado a sus superiores por aquella decisión- envió otro mensaje el viernes pasado. Rechazó un planteo de la defensa del ex funcionario Juan Manuel Abal Medina para que el caso pasara a la justicia electoral. Es que en el juez Claudio Bonadio había sacado de la megacausa la investigación sobre los fondos que recibió La Cámpora y la jueza María Servini los terminó sobreyendolos a todos. Pero el fallecido magistrado no incluyó al ex jefe de Gabinete en ese grupo. Abal Medina dijo desde el comienzo de la causa que a él se le informó que recibía de Roberto Baratta eventuales “aportes voluntarios” para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2013.
Segun los jueces del TOF, evaluar si el dinero fue aporte irregular de campaña o sobornos implicaría hacer “una valoración acerca de los hechos y la prueba reunida que claramente excede el objeto del presente incidente y que tendrá lugar en oportunidad de celebrarse el debate oral y público”.