El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició hoy un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.
Así lo resolvió el magistrado en un fallo que dictó esta mañana y que corre en paralelo a la causa penal que tramita el juez federal Sebastián Casanello en la que hoy le ordenó al gobierno que en 72 horas elabore un plan para entregar las cinco toneladas de comida que almacena en dos galpones y que lo ejecute “de modo inmediato”, lo que será apelado.
Se trata de dos expedientes que inició el dirigente social Juan Grabois. La causa en el fuero contencioso la presentaron la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con un amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello. El pedido es que se le ordene al gobierno que garantice “el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios” ya que desde que asumió limitó la entrega de mercadería.
Luego se sumaron la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Fundación Firmeza y Tesón y la Asociación Civil La Salud en Comunidad. El juez le dio al caso el status de proceso colectivo y le consultó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si en su Registro Público de Procesos Colectivos ya había un expediente similar. La respuesta fue que no.
Así, el juez inició formalmente el caso. Antes de resolver el pedido de las partes, el magistrado dispuso que el proceso colectivo se publique durante dos días en el Boletín Oficial y en el diario “Popular” “a fin de comunicar a toda persona —así como también a las asociaciones y/o organizaciones— que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, la existencia de esta acción de amparo colectiva y la facultad de comparecer o excluirse del mismo”. Para quienes desean formar parte de la causa tendrán cinco días para presentarse.
Lara Correa explicó el alcance del caso. En su resolución a la que accedió Infobae explicó que el colectivo de la causa con “aquellas personas –entre los cuales se encuentras los grupos calificados por las y los convencionales constituyentes de la reforma del año 1994 como eternamente desventajados las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados, en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional– que asisten a los comedores y merenderos comunitarios registrados, validados y matriculados”.
También que el reclamo del caso es “restablecer la entrega de alimentos e insumos de forma inmediata para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios registrados, validados y matriculados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios” y que la demanda es contra el Ministerio de Capital Humano.
Una vez que se cumplan los primeros pasos el juez ya dispuso que el Ministerio en cinco días responda sobre “la política pública destinada a garantizar el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad”. Y puntualmente le requirió información sobre nueve puntos.
Entre ellos, un detalle sobre los comedores y merenderos inscriptos en el “RENACOM”; sobre la ejecución de los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y sobre la cantidad de procesos licitatorios y contrataciones para la adquisición de alimentos e insumos destinados a la provisión de alimentos de 2022, 2023 y 2024, entre otros puntos.
La causa tiene un objetivo similar al que se inició en la justicia federal de Comodoro Py y en la que hoy el juez Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
La referencia es a las cinco toneladas de comida que se almacenan en dos depósitos y que las asociaciones reclaman que se repartan. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.
El Ministerio anunció que apelará el fallo. A través de un comunicado, la cartera señaló que el 60 por ciento de las cinco mil toneladas son “paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”.” Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad”, agregó.
“El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes. No se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas. El Ministerio de Capital Humano apelará la resolución porque no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública. Estos alimentos tienen como fin asistir en emergencias y catástrofes”, completó el gobierno.