La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil expresó “su total y absoluto rechazo” al proyecto del gobierno nacional que se debate en el Congreso, que en uno de los artículos de la ley ómnibus propone que se impulse el traslado de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así lo sostuvo la Cámara en una resolución que firmaron hoy 24 de sus integrantes, que se suma a la que dictaron la semana pasada la Cámara del Trabajo y al pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) para que el Congreso los reciba a exponer sus argumentos.
El artículo 349 del proyecto establece: “Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”. Se trata de avanzar en una ley ya sancionada para que los tribunales nacionales con asiento en la ciudad pasen a la órbita de ese distrito. La iniciativa es rechazada desde su inicio por la justicia nacional, pero fue avalada por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.
“El pretendido ´traspaso´ colisiona con elementales principios constitucionales, lesiona el principio de inamovilidad de los magistrados, y desconoce que la Ciudad de Buenos Aires -más allá de su carácter autónomo es también la capital de la República, y que por ese hecho, la subsistencia de la Justicia Nacional hace a la garantía de los intereses del Estado Nacional - y de las provincias que componen la Nación-, salvaguardada expresamente por el art. 129 de la Constitución Nacional”, sostuvo la Cámara Civil en la resolución a la que accedió Infobae.
“Aunque es cierto que la Ciudad de Buenos Aires es una ´ciudad constitucional federada´ (CSJN, Fallos, 338:1356), también lo es que sigue siendo el asiento de las autoridades nacionales, y que, precisamente por su calidad de capital de la República, es la sede natural en la que se domicilia gran cantidad de sociedades, asociaciones y fundaciones (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, clubes de fútbol, la AFA, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, etc.) cuya actividad, lejos de limitarse al ámbito de la Ciudad, tiene lugar en todo el territorio de la Nación”, agregaron.
Los camaristas señalaron que respecto a la justicia civil, “entiende en asuntos de naturaleza federal. Así, es competente en las causas que versen sobre acciones civiles o comerciales, concernientes a la responsabilidad contractual o extracontractual, aunque la Nación, sus empresas o entidades autárquicas sean parte, siempre que se deriven de accidentes de tránsito, aun ferroviarios”.
En su resolución, los jueces también hicieron referencia a la crítica al traspaso que en un artículo publicado en el diario La Nación expresó en 2016 Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro de la Nación. Ese artículo llevaba por nombre “El traspaso de la Justicia, un error” y Barra decía que “los tribunales de la ciudad de Buenos Aires no son ‘provinciales’, simplemente porque la ciudad no es una provincia. Esto es así por expresa decisión del constituyente de 1994, que en cada caso en que quiso equiparar a la ciudad con las provincias lo hizo expresamente”.
Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo también manifestó su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la CABA, en tanto “muchas de las decisiones del fuero laboral se proyectan sobre todo el territorio de la República Argentina y tienen efectos concretos para los habitantes de las distintas provincias”.
Y la AMFJN pidió una reunión en la Cámara de Diputados y convocó a un encuentro para el próximo lunes a los presidentes de las Cámaras Nacionales.
“Las medidas referidas siguen la postura histórica de la Asociación, reiterada firmemente en el discurso del presidente en la cena de camaradería del 14 de diciembre pasado, y cuya continuidad se vio reflejada de inmediato en el estado de alerta anunciado en el comunicado de fecha 28 de diciembre, cuyo contenido evidencia cabalmente la posición que, de manera inalterable, ha sido sostenida y que consiste en el enérgico rechazo de todo intento de avasallamiento constitucional en esta materia”, sostuvo la entidad en su resolución firmada por su presidente, Andrés Basso, y por su secretaria general, Paula Castro.