La causa por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou lleva 11 años y se encamina a un debate por la prescripción

La causa por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou, aquella que lo llevó a su primera detención, acaba de cumplir once años de vida y podría derivar en un debate jurídico por la prescripción. En dos meses se cumplen seis años del arresto y la posterior indagatoria del ex vicepresidente y su socio, José María Nuñez Carmona. Al ser el máximo de la pena prevista para ese delito, los abogados defensores estarían habilitados a solicitar la prescripción. Pero en Comodoro Py advierten que los planteos no prosperarán.

La investigación por enriquecimiento arrancó en 2012 y puso lupa sobre los patrimonios del ex vicepresidente, de Nuñez Carmona, de Alejandro Vandenbroele, y varios familiares y allegados de Boudou como sus ex parejas Agustina Kämpfer y Agustina Seguín, su padre y su hermano. También se incluyeron en el análisis más 27 personas jurídicas.

Cuando lo procesó por el caso Ciccone, en 2014, el juez Ariel Lijo ya había tomado en cuenta algunos datos de esa investigación para acreditar sus roles en la maniobra que terminó con la compra de la imprenta. “De las propias presentaciones realizadas por los imputados, es notable la diferencia existente entre Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona; al punto tal que en el año 2011 Vandebroele constituyó un patrimonio neto total negativo de $-235.324,21, mientras que ese año Núñez constituyó un patrimonio positivo de $ 9.100.822,53″, decía ese fallo de 333 páginas. Y destacaba con un gráfico la evolución de las declaraciones de ganancias de Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele.

La causa derivó en una extensa pericia de 106 carillas que analizó la evolución patrimonial de Boudou entre 1997 y 2012. Esa pericia, a cargo del Cuerpo de Peritos Oficiales de la Corte Suprema, detallaba todos los vehículos que compró (autos y motos), los inmuebles, los gastos con tarjetas de crédito, sus ingresos año a año, y sus participaciones societarias.

A partir de ese informe, finalizado en 2017, el entonces fiscal de la causa, Jorge Di Lello, y las querellas presentaron sus requerimientos de justificación patrimonial. En el caso de la Oficina Anticorrupción, en ese momento a cargo de Laura Alonso, enumeró cada una de serie de inconsistencias desde 2002 hasta 2012.

En la declaración jurada de Ganancias de 2002, Boudou declaró que tenía USD 80 mil en efectivo. Para los abogados de la OA, ese dinero no estaba justificado. Recién en octubre del año pasado, la ANSES se presentó en el expediente, a través de Pablo Tosco, director de Asuntos Penales y Sumarios, y adjuntó una declaración jurada que había presentado Boudou cuando era funcionario de ese organismo.

El fiscal Di Lello también había pedido que Boudou justifique los movimientos del 2007 al 2011 de la empresa Aspen por $278.864 que no están registrados; otros movimientos de $170.067 y $120.400 del 2010 al 2011 por alquileres de su departamento de la calle Juana Manso, en Puerto Madero, en el que vivió Vandenbroele; y la acreditación de un préstamo de Swiss Medical.

A partir de ese momento, la investigación por enriquecimiento ilícito quedó opacada por la causa Ciccone.

Boudou estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Lijo. Ese día quedó inmortalizado en una serie de fotos que derivaron en otra causa penal, que todavía sigue abierta. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 a 5 años y 10 meses. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación. Su último paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó en febrero de 2019, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación, y terminó en abril de 2020, cuando el juez Daniel Obligado habilitó la domiciliaria con la justificación de que la condena no estaba firme y que debía cuidar a sus hijos pequeños. Nunca más volvió a la cárcel.

En los últimos meses, la causa por enriquecimiento tuvo escasos movimientos. En el sistema informático figura una presentación de la defensa de Agustina Kämpfer, a cargo de Rafael Cúneo Libarona, que el 8 de junio pidió que se deje sin efecto la prohibición de salir del país, vigente desde noviembre de 2017. “Habiendo transcurrido ya casi seis años desde dicha prohibición, Agustina Kämpfer no ha sido procesada, ni embargada, ni se ha dictado sobre ella ninguna otra medida cautelar, el último acto procesal fue su declaración indagatoria en febrero de 2018″, dice esa presentación. Todavía no tuvo respuesta.

Respecto a la periodista, los peritos habían determinado inconsistencias en la compra de un departamento ubicado en Bonpland 1246 por un valor de USD 120.000, de los cuales USD 30.000 correspondían supuestamente a ahorros de ella y USD 90.000 a un préstamo de Sebastián Boudou, hermano de su entonces pareja. Cuando declaró ante el juez Lijo, Kämpfer aseguró que no se firmó ningún papel por ese préstamo y aportó comprobantes de transacciones bancarias, entre 2012 y 2014, como evidencia de que ella devolvió los 90 mil dólares.

El último movimiento en la causa fue el 11 de agosto, cuando se autorizó a Vandenbroele a viajar a Chile durante dos semanas.

La próxima etapa podría ser una batalla jurídica por la prescripción. En el caso de Boudou y Nuñez Carmona, en noviembre se cumplen seis años desde su indagatoria, el último acto jurídico que interrumpiría la prescripción. Hasta ahora no hay ninguna presentación en ese sentido, pero falta dos meses. Fuentes de Comodoro Py, sin embargo, aseguran que no hay riesgos procesales porque hubo una condena en 2018 por el caso Ciccone, que interrumpiría la prescripción, y porque en la causa también se investiga el delito de lavado de dinero. Del otro lado sostienen que esa condena es por un delito que se habría cometido en 2010. Por ahora son solo dichos.