La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa fue denunciada penalmente por no renunciar y continuar en el cargo al cumplir los 75 años. La agrupación de abogados Bloque Constitucional la acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y usurpación de autoridad.
A pesar de haber cumplido la edad límite que fija la Constitución Nacional, Figueroa se mantiene en el cargo. La jueza le envió ayer una nota al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, en la que le informó que cumplió 75 años y que espera que el Senado de la Nación termine el trámite para que apruebe su continuidad en el cargo por cinco años más.
Figueroa le expuso a Rosatti en la nota que el trámite en el Senado se inició, que cumplió con la audiencia pública en la cámara alta y que la Comisión de Acuerdos aprobó el dictamen. Y cerró la nota afirmando “encontrándome en la espera de la culminación del trámite”, es decir que el pleno del Senado apruebe su pliego.
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El martes, la jueza les informó a sus colegas de Casación que, desde ayer, no firmaría más sentencias ni tomaría decisiones como presidenta del tribunal, cargo que ahora pasó al juez Mariano Borinsky. Tampoco se tomará licencia, por lo que si situación queda en un compás de espera.
Para fundar su decisión, Figueroa invocó una resolución del Consejo de la Magistratura del año 2017 que ya no tiene vigencia respecto de su situación. Esta norma -resolución 521/2017- se dictó para adecuar la situación de los jueces que ya habían cumplido los 75 años al fallo “Schiffrin” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se estableció que podían continuar provisoriamente en el cargo hasta que se acepte o rechace el pedido siempre que ello suceda antes del cierre de las sesiones ordinarias “correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento”.
A este párrafo recurrió la jueza Ana María Figueroa para aferrarse a su cargo en la Casación pese a que ya cumplió los 75 años. Sin embargo, la vigencia del mencionado párrafo de esta norma fue dejada sin efecto por el Consejo de la Magistratura a través de otra resolución dictada en 2018.
La denuncia penal contra Figueroa menciona al menos tres posibles delitos. “Es deber de un magistrado conocer, participar de audiencias, acuerdos, fallar, fundar y, por supuesto, firmar todos los actos jurisdiccionales de la función que tiene a cargo. El ejercicio de la jurisdicción de la que son investidos los magistrados no es facultativo, sino un deber. No cabe la posibilidad legal de ejercer la jurisdicción “a medias”, y la omisión arbitraria, total o parcial, de su ejercicio configuraría un incumplimiento de deberes de la función pública a la cual los magistrados son llamados, lo que encuadra en el tipo del Art. 248 del Código Penal”, dice la presentación firmada por José Lucas Magioncalda, Pedro Pusineri, Juan Manuel Otegui, y Juan Martín Fazio.
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La decisión de Figueroa de retrasar su jubilación fue cuestionada por la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA). En un comunicado, la red explicó los alcances del artículo 99 de la Constitución Nacional y su ratificación que hizo en 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fallo “Schiffrin”. Según el comunicado, la Constitución es clara que, sin un nuevo acuerdo del Senado, los jueces cesan en el cargo al cumplir los 75 años.
Por otra parte, la integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre pidió ayer que el cargo de Figueroa sea cubierto y que se convoque a un concurso público para elegir un nuevo magistrado. Lo hizo en dos presentaciones, una a Rosatti y otra a Fernanda Vázquez, titular de la Comisión de Selección de Magistrados del organismo. Hasta el momento fue el único movimiento sobre el caso Figueroa.
La decisión de Figueroa dejó en suspenso la definición sobre las causas Hotesur y Los Sauces, donde se define la situación procesal de la vicepresidente Cristina Kirchner y de sus hijos. La Sala I de Casación debe resolver si confirma los sobreseimientos o los revoca y ordena que se haga el juicio oral. Si Figueroa deja de ser jueza, su lugar debe ser ocupado por otro colega de Casación, lo que podría retrasar varios meses la definición.
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