Daniela Carbone, la azafata de 47 años que fue detenida el domingo cuando aterrizó en el país, pasa sus horas tras las rejas de una celda en la sede de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria. Por ahora no será trasladada a una unidad penitenciaria, indicaron fuentes consultadas por Infobae. El juez federal Federico Villena, a cargo de la investigación, analiza por estas horas las pruebas de la causa y espera el resultado de una serie de diligencias. En los próximos días el juez deberá resolver si la procesa: se la acusa de intimidación pública, entorpecimiento de los servicios públicos y coacción agravada.
Por lo pronto, la mujer decidió no declarar el martes pasado cuando enfrentó su indagatoria. Fue por consejo de su defensa que terminaba de conocer las pruebas contra su cliente, porque la causa había estado en secreto de sumario. Los investigadores cuentan con diferentes indicios que llevaron a detenerla. Y también con la sospecha de que intentó destruir prueba, borrando el contenido del teléfono, de manera remota.
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“Yo estuve 5 años con él siendo una mujer impecable, porque te juro que no lo engañé ni con el pensamiento. Cuando te pagan de esa manera quedas destruida. Obvio que no me justifico. Yo me fui al carajo y además que soy comisario del área de internacional, fui instructora en la compañía. Seguramente me echan. Esta bien”. Así hablaba Carbone días después de la amenaza junto a una amiga. A ella le confiaba que estaba “desesperada” después de haber hecho lo que hizo. Su pareja, un joven azafato que trabajaba con ella, la había dejado después de cinco años de relación por una chica más joven que también trabajaría en la aerolínea.
El domingo 21 a la mañana, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando se preparaba la partida a las 7:35 del vuelo “AR1304 Ezeiza-Miami” que llevaba a 270 pasajeros y 12 tripulantes, sonó el teléfono. “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, decía voz que resultó distorsionada del otro lado del teléfono. En otro llamado, dirigido al piloto del avión, también le advertía que hiciera caso porque sabía a qué colegio iban sus hijos. “Hacé lo que te decimos Pérez (sic) que sabemos a qué colegio van tus hijos”, dijo.
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De inmediato, se activó el operativo de protocolo de seguridad para controlar que no hubiera explosivos. Como consecuencia de la amenaza, el avión postergó siete horas su partida, una complicación que a la empresa estatal le costó una cifra que rondó el millón de dólares, más otro millón de pesos para la PSA.
Pero los investigadores comenzaron a buscar quién estaba detrás de la amenaza. No había sido una llamada más. Los teléfonos apuntados y el detalle de ciertos aspectos del mundo aeroportuario lo señalaban. La mujer se transformó en la principal sospechosa a las 48 horas del hecho. La llamada se había hecho con un chip prepago desde el teléfono de su hija, de 21 años.
Carbone estaba en vuelo, fuera del país. Había que esperar a que volviera. Desde allí, habló con su hija y con sus amigas. Y trató insistentemente de borrar la nube, algo que no pudo. Por el tenor de sus mensajes, la mujer ya se había dado cuenta que se había arruinado la vida.
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En un diálogo entre madre e hija por temas familiares, la joven le recriminó “La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada”. Un rato después, el avión de vuelta aterrizó. Carbone le avisó a Candela: “hija, me llevan detenida”. Le pidió que llamara a una amiga. A esa amiga, era a quien le había confesado que su pareja había sido “cruel” con ella cuando la dejó.
A la espera de la resolución procesal, el juez abrió un incidente para evaluar si puede concederle el arresto domiciliario bajo ciertas pautas y condiciones de conducta. El fiscal Sergio Mola lo avaló. Por lo pronto, se dispondrá un amplio informe socioambiental.
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