Parecía un procedimiento normal, pero no lo fue. Era la pandemia y policías de la provincia de Buenos Aires llegaron hasta una casa del barrio de la Paternal. Buscaban drogas. Tenían como sospechosa a una mujer que vendía estupefacientes. En la casa también estaba su hija: una joven de 32 años. Cuando el jefe del operativo y otro efectivo se dirigieron al fondo de la vivienda junto a la joven, se abrió el capítulo a otros delitos: el jefe del operativo fue condenado a 18 años de prisión por haber violado a la joven en medio del operativo. Antes de hacerlo, le advirtió: “Tu belleza te va a salvar”, señalaron a Infobae fuentes del caso.
Otro subalterno también fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión. Es por haberse quedado, junto a su jefe, con el dinero que tenía la joven. Aunque había llegado al juicio como un encubridor de la violación, en el debate oral no pudo comprobarse que supiera lo que había hecho el jefe del operativo.
Todo ocurrió en la mañana del 28 de agosto del 2020. Personal policial perteneciente a la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de la Provincia de Buenos Aires -con asiento en “Los Polvorines”-, irrumpió en una casa del barrio porteño de La Paternal, donde vivía una mujer de 32 años y su madre.
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Con una orden de allanamiento dictada por el juzgado federal de San Martin en el marco de una causa por venta de drogas, los policías intentaron romper la puerta de la casa. Investigaban a la madre de la joven: una mujer, consumidora y adicta, que vendía al menudeo para un grupo de peruanos, señala la causa
La casa, grande, se dividía en dos: en la parte delantera vivía la mamá y en el fondo vivía la víctima. Al ingresar los policías, se leyó la orden de allanamiento y se consultó a las moradoras si tenían elementos de valor para “preservar”. La víctima manifestó que tenía dinero guardado en el fondo, es decir, su casa, detallaron a Infobae las fuentes consultadas.
En ese momento, previo al inicio de la requisa, los dos policías de mayor rango le pidieron a la joven ir al fondo de la casa a ver el dinero. Una vez que estuvieron solos en el fondo, sin los testigos de procedimiento, le dijeron que la situación de su madre era complicada, que se la iban a tener que llevar detenida a las dos. Le avisaron que eso la iba a perjudicar en su trabajo y en su vida, y le pidieron el dinero que tenía, sostiene la denuncia. La joven se los dio. Los policías lo guardaron en el bolsillo. Sobra aclarar: el dinero no consta en el acta del procedimiento.
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En ese momento, el policía de menor rango se volvió para la parte de delante de la casa, donde estaba el resto de la gente: policías, la mujer buscada, los testigos de procedimiento. En el fondo, quedaron solos el jefe del operativo, el inspector Lisandro Javier Báez, y la joven.
“Tu belleza te va a salvar”, le dijo, acariciándole la cara. Fue ahí que, con su arma en la cintura y en medio del allanamiento, la empezó a besar, la llevó hasta un lavadero que estaba en el opuesto extremo del resto de la casa y la penetró.
Momentos después, otro policía golpeó la puerta de la vivienda del fondo. Báez se subió los pantalones. Volvió junto a la mujer al frente de la casa. El procedimiento seguía. En un momento, la mujer pidió pasar al baño. Quería bañarse. Los policías se negaron, pero el atacante la autorizó.
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¿Resultando del allanamiento? Negativo. No quedó registro ni de drogas ni de dinero encontrado. Solo se llevaron un par de celulares del lugar. La mujer que buscaban, la madre de la joven abusada, quedó presa.
En octubre, dos meses después de lo ocurrido, la víctima, que se desempeñaba como trabajadora en el Museo de la Memoria de la Ex ESMA de la Secretaría de Derechos Humanos, pidió una reunión con el titular de la secretaria Horacio Pietragalla. Quería contarle lo que le había pasado. El funcionario le preguntó si estaba dispuesta a denunciar. Le aclaró que iba a acompañarla la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. La joven asintió y avanzó.
La denuncia se hizo en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General. También intervino Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quienes abrieron respectivos sumarios que quedaron a la espera del proceso judicial.
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El juez federal Sebastián Casanello intervino en la causa: declararon testigos del procedimiento, los otros policías que participaron del allanamiento, la psicóloga que atendió a la víctima en el Hospital Alvarez. Ninguno fue testigo directo del ataque, pero los testimonios coincidían con el relato de los hechos que contó la joven.
La prueba clave, sin embargo, llegó más tarde: restos del ADN de Báez habían quedado en el pijama que tenía puesto la víctima. Era la zona de su entrepierna.
En febrero del 2021, Casanello procesó con prisión preventiva a Báez por tortura en concurso ideal con abuso sexual agravado, en concurso real con exacciones ilegales (por el robo del dinero). Pablo Germani, el segundo policía que fue con la víctima hasta su cuarto, también fue procesado con prisión preventiva como partícipe necesario por haber contribuido a la escena y haber hecho de “campana”, conociendo lo sucedido.
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La causa fue elevada a juicio. En el interín pasó al fuero Criminal y Correccional Nacional, y en febrero pasado comenzó el juicio oral contra Báez y Germani. El caso estuvo en manos del Tribunal Oral Criminal 21, a cargo de los jueces José Pérez Arias, Matías Buenaventura y Walter Candela, con la acusación del fiscal Fernando Fiszer y la querellante, acompañada por la secretaría.
El viernes llegó la sentencia: Báez quedó condenado a 18 de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de abuso sexual agravado en concurso real con exacciones ilegales. A Germani lo condenaron a la pena de 3 años y 9 meses por el delito de exacciones ilegales. Quedó absuelto por la acusación de abuso sexual, porque no se comprobó él supiera lo que estaba haciendo el jefe del operativo. Ambos continúan detenidos.
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