La exclusión educativa, el reclutamiento por parte de grupos criminales y la falta de oportunidades figuran entre los factores que aumentan la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en Honduras, advirtió Cándida Maradiaga, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al pedir que las estrategias de seguridad no estigmaticen a los jóvenes.
La funcionaria sostuvo que los adolescentes vinculados al sistema de justicia no representan, por sí solos, la explicación de la criminalidad que afecta al país.
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Por ello, instó a las autoridades a priorizar la prevención de la violencia, la protección integral y la rehabilitación de quienes entran en conflicto con la ley.
Maradiaga respaldó su planteamiento con cifras sobre la población sometida a medidas judiciales. Según detalló, 157 adolescentes permanecen privados de libertad, mientras que otros 1,426 cumplen medidas no privativas de libertad.
En contraste, señaló que 19,374 personas adultas están privadas de libertad, una diferencia que, a su juicio, evidencia la necesidad de analizar la inseguridad desde una perspectiva más amplia, sin atribuir la responsabilidad principal a la población adolescente.
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La representante del Conadeh insistió en que las políticas públicas deben tomar en cuenta las condiciones sociales que rodean a los menores y las situaciones de riesgo que pueden llevarlos a entrar en contacto con estructuras delictivas.
Uno de los aspectos que preocupa al organismo de derechos humanos es la cantidad de niños y adolescentes que permanecen fuera de las aulas, una situación que puede limitar sus oportunidades de desarrollo y aumentar su exposición a diferentes formas de violencia.
Maradiaga señaló que más de 1.2 millones de niños y adolescentes están excluidos del sistema educativo, mientras que otros enfrentan problemas como el acoso escolar, el trabajo infantil y las labores peligrosas.
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La funcionaria también alertó sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales, que, según explicó, utilizan a adolescentes para actividades ilícitas como la venta de drogas y la extorsión.
Estas situaciones representan un desafío para las instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez, especialmente en comunidades donde existen condiciones de vulnerabilidad social y económica.
A este panorama se suman los menores en situación de calle y los embarazos adolescentes, incluidos casos relacionados con abusos sexuales, problemáticas que requieren respuestas coordinadas entre las instituciones estatales y los sistemas de protección.
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La representante del Conadeh consideró necesario evitar que los jóvenes sean señalados de manera generalizada por los problemas de seguridad del país, sin atender los factores que los exponen a la violencia y al involucramiento en actividades delictivas.
Ante este escenario, el Conadeh planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), creado en 2019 para articular acciones dirigidas a la protección de los menores.
Maradiaga también solicitó aumentar los recursos destinados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), con el propósito de ampliar su capacidad de respuesta y mejorar la atención a la población infantil y adolescente en situación de riesgo.
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La representante señaló que el Estado debe respaldar a las familias y reforzar los mecanismos de prevención, protección y rehabilitación, en lugar de concentrar sus esfuerzos únicamente en las medidas punitivas.
Desde esta perspectiva, la atención de la niñez requiere políticas que garanticen el acceso a la educación, reduzcan la exposición al reclutamiento criminal y permitan intervenir oportunamente cuando se detecten situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones responsables de proteger a los menores resulta clave para responder a las distintas formas de violencia y exclusión que afectan a esta población.
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Maradiaga reiteró que las autoridades deben abordar las causas estructurales de la inseguridad y garantizar los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley.
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