El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Javier Acevedo, consideró que Honduras enfrenta un problema estructural de violencia que continúa sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
A juicio del defensor de derechos humanos, las acciones implementadas hasta ahora no han logrado responder a las expectativas de la población, por lo que considera necesario revisar el enfoque de la política de seguridad y fortalecer los mecanismos de investigación criminal.
Acevedo sostuvo que el éxito de una estrategia de seguridad no debe medirse únicamente por el número de capturas, decomisos o efectivos desplegados en las calles, sino por la capacidad de prevenir los delitos antes de que ocurran y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
PUBLICIDAD
Cuestionó que en ocasiones el debate público se centre en estadísticas sobre la reducción de determinados delitos, cuando la percepción ciudadana continúa marcada por la inseguridad y el temor generado por hechos de alto impacto.
El representante de Ciprodeh también señaló que las masacres registradas en los últimos meses no corresponden a una situación aislada en departamentos como Yoro o Atlántida, sino que evidencian una problemática que afecta distintas regiones del territorio nacional.
Manifestó que combatir la violencia requiere fortalecer las capacidades investigativas, mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y atacar las causas que alimentan la criminalidad.
PUBLICIDAD
Medidas insuficientes
Acevedo también expresó su desacuerdo con un eventual regreso al estado de excepción como principal herramienta para enfrentar la delincuencia, al recordar que este mecanismo ya fue aplicado anteriormente sin resolver de manera definitiva los problemas de inseguridad.
Según indicó, la suspensión temporal de garantías constitucionales no sustituye la necesidad de construir una política pública sostenida que priorice la prevención, la investigación y el combate a la impunidad.
Frente a las críticas, la Secretaría de Seguridad anunció una nueva fase de su estrategia para combatir la criminalidad, con operaciones en los 30 municipios donde se concentra aproximadamente el 70% de los hechos violentos registrados en el país.
PUBLICIDAD
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que el plan forma parte de las acciones impulsadas durante los primeros 180 días de la administración del presidente Nasry Asfura y busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional mediante una reorganización institucional.
Como parte de los resultados presentados por las autoridades, se informó sobre la desarticulación de 117 estructuras criminales, el decomiso de más de 4.000 armas de fuego y la captura de casi 5.000 personas presuntamente vinculadas con organizaciones delictivas.
Las autoridades sostienen que estas acciones permitirán reducir los homicidios y debilitar a las redes del crimen organizado que operan en diferentes zonas del país.
PUBLICIDAD
Desplazamiento por la violencia
Más allá de las cifras de criminalidad, la violencia continúa teniendo un impacto social. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples revelan que alrededor de 423.845 personas, equivalentes al 4,5% de la población hondureña, han sufrido desplazamiento interno por causa de la violencia en algún momento de sus vidas.
La medición, realizada por el Instituto Nacional de Estadística con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, ACNUR y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y ACNUR, constituye el primer estudio nacional que incorpora indicadores específicos para medir este fenómeno.
Los resultados muestran que cerca del 38,5% de las personas desplazadas experimentaron una doble afectación al verse obligadas a abandonar sus hogares tanto por hechos violentos como por desastres naturales.
PUBLICIDAD
El informe también muestra que las mujeres representan el 55% de la población desplazada, mientras que las personas entre 15 y 34 años concentran aproximadamente el 38% de los casos. Además, el 11% de quienes han sufrido desplazamiento son niñas, niños y adolescentes menores de 14 años.
Las cifras reflejan que la violencia en Honduras no solo representa un problema de orden público, sino también una crisis con consecuencias sociales y humanitarias. Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que reducir los homicidios debe ir acompañado de políticas orientadas a prevenir la violencia, fortalecer la investigación criminal, combatir la impunidad y proteger a las personas obligadas a abandonar sus hogares por amenazas o hechos delictivos.