La violencia en Honduras obliga a docentes a dejar sus hogares y centros de trabajo para protegerse. El informe a detalle presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó que entre 2016 y 2025 recibió 553 denuncias de maestros en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno, lo que ubica al sector como el tercer grupo ocupacional más afectado.
Según los registros del organismo, los docentes aparecen detrás de las amas de casa y los comerciantes entre los grupos con mayor incidencia de este fenómeno en el país. La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, dijo que cinco de cada cien casos de desplazamiento atendidos por la institución corresponden a profesionales de la educación.
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La institución señala que los docentes de educación primaria, secundaria y superior son víctimas de amenazas, intentos de homicidio, extorsiones y despojos, agresiones basadas en género y otros delitos que los obligan a abandonar sus comunidades.
Amenazas en la docencia
Según la institución, algunos educadores sufren represalias por orientar a estudiantes en riesgo de ser reclutados por estructuras criminales, impartir clases en zonas con altos índices de violencia o adoptar decisiones académicas que generan conflictos con personas vinculadas a grupos delictivos.
Frente a estas situaciones, muchos solicitan traslados a otras regiones del país como medida de autoprotección, mientras otros recurren directamente al Conadeh para buscar acompañamiento institucional y resguardar su vida.
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Mujeres las más afectadas
Los datos del organismo muestran que el 68% de las denuncias por desplazamiento forzado fueron presentadas por mujeres, mientras el 32% corresponde a hombres.
La mayor concentración de casos se registra en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, además de El Paraíso, Olancho y Choluteca, donde se acumula cerca del 75% de las denuncias recibidas durante la última década.
En cuanto a los presuntos responsables, parte de las víctimas señaló a personas desconocidas como principales agresores, aunque también se identifican señalamientos contra integrantes de estructuras criminales e incluso miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
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El impacto en la educación
Durante 2025, el Conadeh atendió 676 denuncias relacionadas con desplazamiento forzado interno, de las cuales 59 fueron presentadas por docentes.
La institución expresó preocupación por las consecuencias emocionales que esta problemática genera tanto en maestros como en estudiantes. El temor permanente, la incertidumbre y la exposición constante a hechos violentos afectan el bienestar psicológico de las comunidades educativas y repercuten en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El organismo insistió en la necesidad de fortalecer la atención psicológica dentro de los centros educativos y promover estrategias integrales de prevención para garantizar entornos escolares más seguros.
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También reiteró que las respuestas institucionales deben ir más allá del traslado de los docentes afectados e incorporar mecanismos de protección, acompañamiento y reconstrucción del tejido social para reducir el impacto de la violencia en el sistema educativo hondureño.
El Conadeh subrayó que garantizar la seguridad de los docentes también representa una condición indispensable para proteger el derecho a la educación de miles de estudiantes.
La institución consideró que enfrentar el desplazamiento forzado requiere acciones coordinadas entre las autoridades, el sistema educativo y los organismos de protección, con el fin de prevenir nuevos casos.
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