Honduras pone en marcha un registro centralizado de beneficiarios finales para identificar a los propietarios reales de las sociedades mercantiles que operan en el país. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros administrará el mecanismo, al que deberán incorporarse sociedades nacionales y extranjeras, fideicomisos y fondos de inversión.
La nueva legislación busca eliminar el anonimato corporativo mediante la creación de ese registro y se enmarca en medidas orientadas a mejorar los controles financieros y cumplir con estándares internacionales de transparencia.
De acuerdo con la normativa, las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, así como los fideicomisos y fondos de inversión, deberán proporcionar información sobre sus beneficiarios finales.
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Alcance de la normativa
La institución reguladora tendrá un plazo de 60 días para desarrollar la reglamentación necesaria para aplicar la ley y contará con seis meses para completar el proceso de registro de las entidades obligadas.
El beneficiario final deberá presentar una declaración jurada con la información relacionada con su participación, control o beneficios dentro de la estructura legal correspondiente.
La normativa establece como beneficiario final a la persona natural que posee directa o indirectamente el 25% o más de participación en una sociedad, o a quien ejerce control efectivo sobre las decisiones de la entidad, aunque no figure formalmente como propietario.
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Qué dijo la CNBS sobre la implementación
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, explicó que la implementación de esta ley representa un mensaje de confianza para inversionistas nacionales y extranjeros, al fortalecer la seguridad del sistema financiero hondureño y mejorar los mecanismos de supervisión.
Suazo señaló que el país busca consolidarse como un destino confiable para la inversión y aseguró que las instituciones financieras no permitirán que sus servicios sean utilizados para facilitar actividades relacionadas con el lavado de activos u otros delitos económicos.
La funcionaria agregó que, si se detectan señales de operaciones irregulares o empresas que no funcionen bajo parámetros legítimos, las autoridades podrán identificar al beneficiario final y avanzar en las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.
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Acceso a la información y excepciones
La información recopilada mediante este registro tendrá carácter confidencial y no será de acceso público. Según la CNBS, únicamente podrán consultarla las personas o instituciones que tengan un interés legítimo y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
La ley contempla algunas excepciones: las embajadas y las empresas estatales no estarán obligadas a revelar información sobre beneficiarios finales debido a su naturaleza institucional y jurídica.
La puesta en marcha del registro representa un cambio en el sistema de control corporativo nacional, al pasar de identificar únicamente a las empresas constituidas legalmente a determinar quiénes son las personas que tienen una participación económica o capacidad de decisión dentro de ellas.
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A medida que avance la implementación de la normativa, la CNBS deberá coordinar los procesos técnicos y administrativos necesarios para que las empresas cumplan con los nuevos requerimientos dentro de los plazos establecidos.
El seguimiento a esta etapa será clave para determinar la efectividad del mecanismo, especialmente en la identificación de estructuras empresariales utilizadas para ocultar beneficiarios reales y prevenir prácticas financieras ilícitas.