Persisten fallas en protección a integrantes del COPINH denuncian derechos humanos en Honduras

Una revisión realizada diez meses después revela que varias medidas clave siguen sin ejecutarse, mientras continúan las amenazas

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Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en protesta. EFE/ Gustavo Amador

Siguen pendientes medidas de protección para integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) casi un año después de la filtración de información sensible sobre su esquema de seguridad. Una nueva evaluación indicó que al menos la mitad de las recomendaciones formuladas no se concretó.

La alerta se emitió tras la divulgación no autorizada de detalles del esquema de protección asignado a integrantes del COPINH. La filtración expuso datos cuya confidencialidad era clave para la seguridad de personas en riesgo por su labor de defensa territorial, ambiental y de derechos colectivos. según el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH)

Meses después de esa advertencia, la evaluación también señaló que sigue pendiente la resolución de un recurso presentado por el COPINH desde 2022, así como la adopción de mecanismos de protección ajustados a las denuncias sobre seguimiento, vigilancia y actos de estigmatización denunciados por miembros de la organización.

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La investigación sobre la filtración

Otro de los puntos pendientes es la falta de resultados sobre el origen de la divulgación de información relacionada con el esquema de protección.

El COPINH mantiene pendiente la resolución de un recurso presentado desde 2022 y reclama mecanismos de protección ajustados a denuncias de seguimiento, vigilancia y estigmatización.

La investigación buscaba determinar cómo se produjo la filtración y establecer eventuales responsabilidades dentro de las estructuras encargadas de garantizar la seguridad de las personas beneficiarias.

El proceso investigativo vinculado con la filtración continúa abierto. Las diligencias permanecen bajo análisis de unidades especializadas, sin que hasta el momento se conozcan conclusiones definitivas sobre los responsables de la divulgación.

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Riesgos y estigmatización

La exposición de datos sensibles puede comprometer estrategias de protección diseñadas para personas que enfrentan amenazas por su trabajo en defensa de derechos humanos.

Organizaciones nacionales e internacionales han señalado en distintas ocasiones que la confidencialidad de estos mecanismos constituye un elemento esencial para prevenir agresiones.

El seguimiento también reflejó escasos avances en acciones destinadas a contrarrestar la estigmatización contra quienes desarrollan labores de defensa social y comunitaria. Entre las medidas propuestas figuraban campañas de sensibilización y esfuerzos permanentes para promover el reconocimiento de su trabajo, iniciativas sobre las cuales no se informaron resultados concretos.

Desde el COPINH se sostiene que los riesgos no se limitan a hechos aislados. La organización ha denunciado que numerosas amenazas han estado precedidas por actos de vigilancia, seguimiento y hostigamiento, situaciones que, según sus integrantes, reflejan patrones recurrentes de intimidación contra personas vinculadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Campesinos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia por el caso de asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el 6 de abril del 2021. EFE/Gustavo Amador

Ataques en redes sociales

A esas preocupaciones se suma la actividad registrada en redes sociales. Datos recopilados por la organización señalan miles de publicaciones consideradas agresivas o estigmatizantes en plataformas digitales, principalmente en X y Facebook, donde se identificó actividad atribuida a decenas de cuentas diferentes.

El caso mantiene la preocupación sobre las condiciones de seguridad de quienes integran el COPINH y reabre el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos en Honduras.

El caso también reabre la discusión sobre los desafíos que enfrenta el sistema de protección para responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo. Diversas organizaciones han señalado que la efectividad de estas medidas depende no solo de su aprobación, sino de su implementación inmediata,

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