El clima de violencia continúa afectando las mujeres en Honduras, evidenciando poca relación entre los mecanismos de protección y justicia.
En los primeros meses del año, las autoridades han contabilizado 59 feminicidios en diversas regiones del país, lo que revela la urgencia de reforzar las acciones estatales para frenar esta escalada de agresiones.
La muerte de Valeria Jolette, fue uno de los casos que más ha llamado la atención en lo que va del año, según las autoridades se trató de un crimen premeditado y con saña, en contra de la joven que soñaba con ser médico.
El patrón que emerge de los casos de 2026 revela que un segmento significativo de las víctimas había presentado denuncias de amenazas o agresiones antes de ser asesinadas.
Honoria Rodríguez, defensora de los derechos de las mujeres hondureñas, señaló, en diálogo con medios locales, una grave falencia institucional: “Algunas mujeres que terminaron asesinadas habían denunciado agresiones de sus parejas u otras personas, pero nunca se hizo ninguna investigación ni se les brindó protección”.
Rodríguez explicó que la ruptura del proceso de protección involucra tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público y el sistema judicial, destacando esta falta de coordinación ha beneficiado a los agresores durante años.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han planteado la urgencia de reformular y coordinar la respuesta de los entes públicos responsables. Rodríguez demandó una actuación conjunta: “Se requiere que las autoridades trabajen de manera coordinada para garantizar seguimiento y protección real a las mujeres que denuncian violencia”.
Expertos destacan que la mayoría de estos crímenes permanecen impunes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha informado que “más del 95% de los casos se quedan impunes”, ubicando a Honduras entre los países centroamericanos con mayor riesgo para las mujeres. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el ensañamiento y las modalidades de violencia observadas en estos asesinatos.
Desde el año 2005 hasta 2024, el Observatorio Nacional de la Violencia Muerte Violenta de Mujeres y Feminicidios documenta un total de 7,746 asesinatos de mujeres y feminicidios en el país. Según el mismo estudio, la tendencia ascendente alcanzó un pico en 2013 con una tasa de “14.6 por cada 100.000 habitantes mujeres”. Si bien entre 2014 y 2022 se registró una disminución gradual, 2023 marcó nuevamente un aumento de casos respecto del año anterior.
Con base en los datos sistematizados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la frecuencia de muertes de mujeres es “una víctima cada 36 horas”. En términos mensuales, esta estadística representa entre 29 y 30 mujeres asesinadas cada mes en el país centroamericano. La directora del Observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió a medios locales que esta realidad configura una emergencia social: “Lo estamos viendo como una emergencia, porque día con día se pierde la vida de muchas mujeres y niñas”.
Nicole Ham, oficial de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, especificó que cada muerte violenta “constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales”.
Ayestas resaltó que ni si quiera los feriados religiosos han significado una tregua, pues los asesinatos se produjeron también durante Semana Santa. Ham subrayó que el Estado tiene la obligación de realizar investigaciones exhaustivas y combatir la impunidad de estos delitos.