El Ministerio Público presentó un recurso de reposición contra la resolución judicial que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva de Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones. La decisión judicial permitió que el acusado enfrentara el proceso en libertad tras la presentación de tres bienes inmuebles valorados en más de 15 millones de lempiras (aproximadamente USD 621.500) y una caución de dos millones de lempiras (alrededor de USD 81.000).
La fiscalía fundamentó su desacuerdo en la gravedad de los delitos imputados, entre ellos lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación para delinquir. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de fuga y afirmaron que las garantías económicas no eliminan el peligro procesal que representa el imputado.
Actualmente, Iván Abad Velásquez Castro enfrenta un proceso penal en el que se investigan delitos ligados a la criminalidad organizada. El cambio en las medidas cautelares fue solicitado por la defensa técnica del acusado y aceptado por el juzgado competente, generando reacciones inmediatas tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial.
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Reacción del Poder Judicial ante la resolución
La presidencia del Poder Judicial de Honduras dispuso la apertura inmediata de una inspección y una investigación interna en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Esta medida busca examinar el proceso en el que se concedió la modificación de las medidas cautelares y revisar otras resoluciones emitidas en la misma jornada.
Las autoridades judiciales informaron que la Supervisión General analizará desde la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa hasta la evacuación de pruebas y el desarrollo completo del caso. El objetivo es determinar si se cumplieron los plazos procesales y los requisitos legales en la resolución que permitió la excarcelación.
La investigación interna también abarcará dos expedientes adicionales relacionados con delitos de tráfico de drogas y trata de personas. El propósito es verificar que las resoluciones dictadas se ajustaron a los parámetros legales y procesales requeridos.
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El Poder Judicial ratificó su compromiso con la transparencia y la Justicia Abierta. Las autoridades subrayaron que todas las decisiones deben estar fundamentadas en la ley y garantizar el respeto al debido proceso, así como la protección de los derechos de las partes involucradas.
El Ministerio Público reiteró que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para revertir la medida y asegurar que las instancias judiciales actúen conforme a los principios de legalidad y transparencia, mientras avanza la investigación sobre la modificación de las medidas cautelares.
Características y alcance del caso Koriun
Las acusaciones contra Iván Abad Velásquez Castro se originan en un caso de presunta estafa que habría afectado a más de 30 mil personas en Honduras. Koriun Inversiones, fundada en 2018 en San Pedro Sula y expandida en 2024 a Choloma, captó capital de la población mediante promesas de retorno en cinco meses, sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, según Diario La Tribuna.
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El caso es considerado uno de los mayores esquemas de estafa registrados en el país, con miles de ciudadanos afectados que invirtieron sus ahorros y una fuerte repercusión nacional. Junto a Velásquez, también están implicados Marco Abel Villeda, Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, quienes figuran en la investigación por su presunta vinculación con la captación ilegal de fondos.
Las autoridades continúan con el proceso judicial para determinar responsabilidades en un hecho que ha generado amplia atención pública y que mantiene abierta la expectativa sobre la resolución final.