La comunidad garífuna de Honduras anunció la creación de un comité destinado a exigir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de la población afrodescendiente, resoluciones que permanecen sin ejecutar desde hace más de diez años. Según informó EFE, la medida busca responder a una serie de violaciones persistentes contra los derechos de estas comunidades, entre las que se cuentan asesinatos, desapariciones forzadas y ataques a defensores de territorio.
Durante una asamblea celebrada en la localidad de Vallecito, representantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, todas beneficiarias de fallos internacionales, formalizaron el llamado Comité de Cumplimiento de las Sentencias del Pueblo Garífuna. De acuerdo con EFE, el objetivo del comité consiste en “articular esfuerzos colectivos para exigir el cumplimiento integral” de las resoluciones, así como dar seguimiento a otros casos y “garantizar la no repetición de violaciones” en otras comunidades garífunas.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que difundió la información, subrayó que los fallos en favor de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz acumulan una década sin ser implementados por el Estado. EFE reportó que, según el colectivo, esta omisión estatal ha derivado en una “escalada de violencia” que incluye persecución, criminalización y amenazas contra líderes comunitarios, además de acciones contra la integridad territorial de las comunidades afrodescendientes.
El documento divulgado por Ofraneh sostiene que el incumplimiento de las sentencias “convierte al Estado en responsable directo de la continuidad de esta violencia”. Además, el comunicado expresa “profunda preocupación y condena” frente a la intervención de organizaciones e instituciones que, bajo el impulso de proyectos en territorio garífuna, “buscan mantener a las comunidades entretenidas, fragmentadas y desmovilizadas”, en palabras recogidas por EFE.
Según la organización, estas acciones restan fuerza a la lucha por la restitución de territorios ancestrales y obstaculizan procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, aspectos establecidos en los fallos de la CorteIDH. El comité anunció que llevará adelante “acciones inmediatas y sostenidas”, entre las que figuran movilizaciones y protestas pacíficas para exigir la aplicación efectiva de las sentencias y frenar la violencia.
Las comunidades exigen que el Estado de Honduras adopte “todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo, integral y en un plazo razonable de las reparaciones ordenadas”, según consta en el pronunciamiento difundido por EFE.
La comunidad garífuna en Honduras
La comunidad mantiene viva una herencia afrocaribeña reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El país alberga más de 50 comunidades garífunas distribuidas a lo largo de la costa norte, principalmente en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
Los garífunas llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797 tras ser expulsados de la isla de San Vicente, fruto de la mezcla entre esclavos africanos y aborígenes caribes. Su identidad cultural se expresa en el idioma garífuna, perteneciente a la familia arahuaca, y en tradiciones como la música de tambores, caracoles y maracas, destacando los bailes chumba y hunguhungu. La gastronomía, basada en coco, yuca y plátano, incluye platos como la machuca, el ereba y el tapado.
La religión garífuna constituye una fusión entre el catolicismo y creencias ancestrales africanas y amerindias, sobresaliendo el culto a los ancestros o Dugú. La comunidad enfrenta desafíos relacionados con la defensa de sus tierras ancestrales ante la expansión turística y la presión sobre sus territorios. Un caso emblemático es el de Triunfo de la Cruz, donde se han presentado conflictos por el derecho a la tierra.
La influencia de la comunidad garífuna se refleja tanto en la cultura nacional como en la vida política y social de Honduras. Su reconocimiento como pueblo afroindígena y su lucha por la preservación de su identidad marcan un capítulo relevante en la diversidad étnica del país.