En una votación que reunió 93 diputados, representantes de distintas fuerzas políticas del Congreso Nacional dieron luz verde al inicio del juicio político contra Johel Zelaya, fiscal general de la República.
Esta resolución activa un proceso sin precedentes recientes en Honduras, con la posibilidad de terminar en la destitución del titular del Ministerio Público.
Durante la sesión, marcada por protestas y tensiones, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el fiscal adjunto Marcio Cabaña asumirá temporalmente la jefatura del Ministerio Público.
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Zambrano manifestó que “el fiscal general ya no tiene mando ni voz, ni decisiones en el mando público, quedan sin efecto sus órdenes”. Este paso se adoptó tras la aprobación mayoritaria, en la que destacaron los 49 votos del Partido Nacional, los 41 del Partido Liberal, además de representantes de Democracia Cristiana e Innovación y Unidad, permitiendo alcanzar el umbral necesario para activar el mecanismo de juicio político.
Mientras las bancadas de oposición han defendido el juicio como un mecanismo legítimo de control democrático, sectores ligados al Partido Libertad y Refundación (Libre) calificaron la medida de persecución y denunciaron irregularidades en los fundamentos jurídicos del procedimiento. El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, tildó la acción parlamentaria de “revancha política” y puso en duda su legalidad.
En contraste, el sector liberal atribuyó al juicio político el objetivo de salvaguardar la estabilidad institucional. El diputado y secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, aseguró que “no es un tema de venganza, es un tema de darle estabilidad al país y evitar que se repitan hechos como los ocurridos en el proceso electoral anterior”. Cabrera precisó que el proceso busca establecer responsabilidades políticas, mientras que las eventuales implicaciones penales deberán ser analizadas por otras instancias ajenas al legislativo.
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Las tensiones se evidenciaron también en los mecanismos de tramitación. El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, reiteró que “toda denuncia presentada debe ser tramitada conforme a la ley. Si la presentan, créalo que la vamos a someter y veremos si en realidad se alcanzan los 86 votos”, en alusión al número necesario para avanzar en futuros procesos sobre altos funcionarios.
El contexto que rodea este juicio político se destaca por la persistente crisis electoral y la erosión de la confianza en las instituciones. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recordó los desafíos de las elecciones de 2025 al advertir que “aquí pudo haber muerto la democracia de nuestro país. Tiene que haber precedentes”, señalando la importancia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y prevención de crisis, de acuerdo con lo citado por Infobae.
Diputados del Partido Liberal anunciaron la presentación de al menos tres denuncias adicionales después de la Semana Santa contra otras figuras clave: el propio Marlon Ochoa, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Raquel Obando.
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El caso de Zelaya sienta así un precedente en la práctica parlamentaria. El proceso, aún en sus primeras etapas, será conducido por una comisión especial que deberá investigar las denuncias y presentar un informe al pleno. La decisión final, que demandará nuevamente una mayoría calificada, determinará el futuro de Zelaya y podría redefinir la relación entre los poderes del Estado.
En este clima de inestabilidad, el desarrollo del juicio político se ha transformado en un test sobre la transparencia y la objetividad del Congreso, en un país donde la confianza ciudadana y la legitimidad institucional son asuntos en debate permanente,