Impulsada por la diputada Alia Kafati del Partido Liberal, la propuesta busca alinear al Parlamento con un modelo de gestión pública más austero, en consonancia con las presiones fiscales y las demandas sociales actuales, según informó.
La propuesta de Kafati apunta directamente al artículo 202 de la Constitución de la República y plantea una reducción tanto de los diputados propietarios como de sus suplentes. El Congreso hondureño está conformado actualmente por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, todos ellos beneficiarios de salarios, viáticos y subsidios de apoyo social. El objetivo, en palabras de la legisladora, es construir un parlamento “más eficiente, más ágil, representativo y responsable con las finanzas públicas”. Destacó que el Poder Legislativo debe tomar decisiones estructurales en tiempos de escasez presupuestaria y unirse a la tendencia de reorganización del Estado impulsada desde el Ejecutivo.
Alia Kafati subraya que la iniciativa no es inédita, sino un retorno al formato con el que el Congreso funcionó tras el regreso al orden constitucional en 1981, cuando el cuerpo legislativo contaba con 82 integrantes. La legisladora argumenta que una estructura más compacta permitirá liberar recursos para atender áreas como salud, educación y seguridad, afirmando: “En aras de invertir el dinero en salud, educación y seguridad, me parece que se debería reducir el Congreso a como estaba en 1981, cuando solo eran 82 diputados”.
El planteamiento de la diputada se enlaza con políticas recientes como la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, ambas orientadas, según Kafati, hacia la modernización y la responsabilidad fiscal. En defensa de la propuesta, estableció una analogía directa con las medidas de reducción del aparato estatal ejecutadas durante la administración del presidente Nasry Asfura, que incluyeron la fusión y cierre de instituciones públicas.
El debate sobre el tamaño del Congreso hondureño se ha presentado en varias ocasiones, aunque sin terminar en reformas efectivas. Entre las voces que han impulsado reducciones más drásticas figura Salvador Nasralla, quien propuso bajar la cifra a 64 diputados propietarios y 32 suplentes, además de condicionar los pagos legislativos a la productividad y asistencia, bajo el argumento de que el actual número de congresistas es muy alto para la realidad fiscal del país.
En ocasiones anteriores, el diputado Jorge Cálix también sostuvo que los 128 escaños son elevados en función de la población y abogó por al menos una reducción a la mitad, con la expectativa de alcanzar una mayor eficiencia en la labor parlamentaria. Por su parte, German Altamirano formalizó una iniciativa para limitar la cifra a 80 diputados, orientada a fortalecer la credibilidad institucional y reducir el peso presupuestario del Congreso.
Otra de lasa voces resonantes fue la del ex diputado Marco Eliud Girón, quien sugirió eliminar la figura del suplente permanente, permitiendo su participación solo en ausencias justificadas del propietario. Este enfoque apunta a optimizar el esquema de representación y racionalizar el gasto legislativo.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas advierten que reducir curules no implica necesariamente resolver los problemas de baja productividad legislativa, falta de transparencia y débil rendición de cuentas. Consideran imprescindible acompañar cualquier modificación en la composición con reformas profundas en la Ley Orgánica del Congreso, en los mecanismos internos de fiscalización y en los criterios para la asignación presupuestaria.
Alertan también sobre la importancia de no sacrificar la representación territorial ni la pluralidad política por un ajuste numérico, señalando que la discusión ocupa cuestiones de proporcionalidad por departamento, participación de minorías y equilibrio entre austeridad y democracia.
La reforma constitucional requiere mayoría calificada, lo que implica el apoyo de diversas bancadas y su posterior ratificación en una legislatura subsiguiente. La construcción de consensos en el plano político hondureño ha sido históricamente compleja, especialmente en temas que afectan la estructura de poder del Congreso.