La promesa de utilizar los fondos provenientes de la venta del avión presidencial hondureño para mejorar la atención primaria en salud enfrenta un obstáculo crucial: la legalidad de la documentación que respalda la propiedad estatal de la aeronave.
Aunque el Congreso Nacional aprobó por unanimidad el decreto que habilita la operación, persisten dudas legales que condicionan la ejecución de la venta.
Luis Alonso Sosa Salgado, titular de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), afirmó a Once Noticias: “Yo me negué a incorporarlo porque estaría cometiendo un delito”. Según explicó, mientras no se subsanen las irregularidades en los papeles, “no existe una base legal que permita avanzar con su venta, pese a la autorización legislativa recientemente aprobada”.
En el expediente del Embraer Legacy 600, la situación documental es crítica. Sosa Salgado detalló que la supuesta factura por 14 millones de dólares aparece “emitida en una hoja de papel en blanco y carece de los requisitos formales que establece la ley”. Además, el expediente contiene una firma atribuida a un ciudadano brasileño, Paolo Esteban Tulio, sin respaldo jurídico válido para avalar su intervención.
La falta de respuesta por parte de la empresa brasileña relacionada con el avión complicó más el proceso. El último requerimiento oficial se envió cuando la aeronave estaba bajo tutela del Ministerio de Seguridad, encabezado entonces por el actual ministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, José Jorge Fortín.
Según Sosa Salgado, la compañía extranjera ignoró todas las solicitudes para completar o corregir la documentación destinada a legalizar la incorporación del avión al patrimonio estatal.
La venta del Embraer Legacy 600 ha sido una meta del gobierno de Xiomara Castro desde su inicio en 2022, orientada a limitar gastos no prioritarios y aumentar la inversión social.
De acuerdo con la DNBE, la presidenta ordenó formalmente la inclusión del avión al patrimonio público y su venta en subasta tanto nacional como internacional. Pero las revisiones del expediente frenaron el trámite al inicio. Frente a estos vicios formales, la DNBE desestimó la operación para evitar incurrir en delitos administrativos.
El decreto recién aprobado por el Poder Legislativo establece que toda enajenación debe realizarse bajo un proceso transparente, incluyendo un avalúo técnico previo por especialistas independientes —nacionales o internacionales— que defina el precio mínimo y garantice la legalidad de la operación. Este marco formal pretende asegurar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos exigidos.
La decisión legislativa tuvo origen el domingo con la presentación del proyecto por parte del diputado Eder Mejía. Tras el dictamen favorable de la comisión competente, toda la cámara respaldó el lunes la venta sin votos en contra ni abstenciones.
No obstante, el Ejecutivo no ha informado si adoptará nuevas gestiones legales o diplomáticas para resolver la falta de respuesta empresarial y subsanar los problemas existentes. Así, la posibilidad de destinar los recursos de la venta a la salud pública depende ahora de la resolución de los obstáculos administrativos que mantienen en suspenso el proceso.