Un presunto integrante del Barrio 18 fue detenido en Santa Catarina Pinula, Guatemala, luego de que, según la denuncia, exigiera Q30 mil, equivalentes a unos USD 3.896, a cambio de no atacar a una víctima y permitirle permanecer en su propia vivienda.
La captura estuvo a cargo de agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), en el sector norte de la zona 10 de Santa Catarina Pinula. El detenido fue identificado como Brayan Gerardo Daniel Díaz, de 34 años.
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La investigación se inició después de que la víctima denunciara que recibía amenazas de muerte. De acuerdo con el reporte policial, el hombre le exigía dinero para no “eliminarlo físicamente” y para que pudiera seguir residiendo en el inmueble.
Las autoridades señalaron que las partes habían acordado un pago único para este lunes. Durante el operativo, los agentes incautaron un teléfono que presuntamente era usado para negociar la entrega, otros dos dispositivos atribuidos al detenido, un paquete que simulaba el efectivo exigido y una motocicleta con placas M-633BMS.
Según la PNC, Díaz no registraba antecedentes policiales ni penales y figuraba como solvente en los registros consultados. Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades judiciales para que se determine su situación legal.
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Las pandillas también presionan para controlar viviendas alquiladas
El caso se enmarca en una modalidad de extorsión a residencias que investigadores guatemaltecos habían detectado en municipios como Villa Canales, San Miguel Petapa y Villa Nueva.
A finales de 2024, el Ministerio Público identificó denuncias sobre integrantes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha que acudían a viviendas de alquiler para exigir que los inquilinos dejaran de pagar las mensualidades a los propietarios. En su lugar, los grupos criminales pretendían recibir esos fondos.
Otro mecanismo consiste en llegar a las casas o apartamentos, amenazar a quienes viven allí y exigir una cuota por cada habitación o unidad habitacional. Algunas víctimas aceptan las imposiciones por temor a represalias, mientras que otras abandonan los inmuebles.
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La PNC había identificado tres formas recurrentes de extorsión contra residentes. La primera corresponde a llamadas telefónicas efectuadas por imitadores o integrantes de pandillas. La segunda se produce cuando los extorsionistas llegan de forma directa a la vivienda y reclaman montos que pueden oscilar entre Q10 mil (USD 1.298) y Q50 mil (USD 6.493).
La tercera modalidad apunta a inquilinos de viviendas compartidas o de alquiler, a quienes se les exige una cuota periódica de entre Q300 (USD 39) y Q1 mil (USD 130). Las autoridades han advertido que las víctimas suelen evitar la denuncia y optan por pagar o mudarse.
En 2025, la PNC también informó la captura de cinco presuntos miembros del Barrio 18 que ocupaban una vivienda en Villa Nueva. El propietario había dejado el inmueble el 15 de septiembre de ese año tras denunciar que era víctima de extorsión.
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Guatemala acumuló más de 25 mil denuncias de extorsión en 2025
Las cifras recientes reflejan la dimensión del delito en Guatemala. De acuerdo con datos citados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el país registró 25.961 denuncias por extorsión en 2025, frente a 24.978 durante 2024.
En agosto de 2026 se contabilizaron 1.121 denuncias, 795 menos que en el mismo mes del año anterior. El CIEN advirtió que la reducción no permite establecer si hubo menos hechos o si disminuyó la disposición de las víctimas a acudir ante las autoridades.
Los registros oficiales indican que diez municipios concentraron el 42,6% de las denuncias acumuladas entre enero y agosto de 2026. El municipio de Guatemala reunió el 20,9% del total nacional.
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