Eliminar impuestos a los combustibles en Guatemala golpearía la inversión municipal y el gasto social, dicen expertos

Sectores rechazan precios topes a los combustibles e insisten en eliminar impuestos, pero ¿cuál sería el impacto real de esta propuesta?

Antes, durante y después de que el Congreso aprobara precios topes en Guatemala para los combustibles, diversos sectores, incluyendo políticos, han insistido en la eliminación de impuestos como la única solución real a la problemática de la volatilidad.

Incluso, este miércoles 9 de septiembre, un día después de que se fijaran los precios de los combustibles, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) exigió al presidente Bernardo Arévalo vetar la ley y al presidente del Congreso, Luis Conteras, abstenerse de darle trámite.

“No estamos de acuerdo con esos Q39. No tiene sustento técnico, no fue discutida”, dijo. Su propuesta consiste en otorgar un subsidio de Q15 (USD 1.95) al diésel y Q8 (USD 1.04) para las gasolinas súper y regular.

Además, quieren que durante seis meses se quite los impuestos a los combustibles y los aranceles de importación, para que, según ellos, la ayuda se dirija directamente al usuario y no al distribuidor.

Una misma posición mantienen las Autoridades Indígenas de Sololá y de 48 Cantones de Totonicapán, quienes al finalizar la sesión donde se aprobó el nuevo subsidio afirmaron que no están conformes con la medida y que su exigencia persiste en eliminar los impuestos.

Diputados de oposición como Allan Rodríguez, del partido Vamos que estuvo en el Gobierno de 2020 a 2024, también exige quitar los tributos, argumentan que el Impuesto Específico a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) está destinado a mejorar las carreteras y los puentes, pero “se están cayendo”.

El IDP y las carreteras

Sin embargo, ¿cuál sería el efecto real sobre los combustibles si se eliminan los impuestos? ¿Qué tan factible sería llevarlo a cabo? Y ¿qué sectores serían afectados o beneficiados?

Economistas y expertos en finanzas consultados por Infobae coinciden en que esta petición no es la opción más viable, no sólo se llevaría mucho tiempo implementarla, sino porque el efecto no sería el esperado y la inversión municipal sería la más afectada.

“Da la impresión que la propuesta es promovida sin sustento técnico o con malas intenciones. Claro, las personas pueden ser rápidamente convencidas ante un planteamiento como este, pero no es la mejor opción”, afirmó Ricardo Barrientos, ex viceministro de Finanzas y economista del Instituto Nacional de Ciencias Fiscales (Icefi).

Por su parte, Erick Coyoy, exministro de Economía y economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), detalló que eliminar el IDP tendría un efecto mínimo, principalmente en el diésel, que ha sido uno de los más afectados con el precio y que ha generado más problemas, principalmente a los transportistas.

Coyoy detalló que, actualmente el IDP sobre la gasolina súper es de Q4.70 (USD 0.61), para la regular es de Q4.60 (USD 0.59) y el diésel es de Q1.30 (USD 0.17), entonces “en la realidad no tendría un efecto significativo sobre los precios actuales”.

Por el contrario, el efecto sería más negativo, consideró Barrientos, quien recordó que el impuesto que se paga por la distribución de los combustibles tiene como destino directo el mantenimiento y construcción de las carreteras.

“Es cierto que el Gobierno no nos tiene satisfechos con la inversión que se ha hecho, pero más de algún chapuz o bache ha tapado. No es cierto que no hayan hecho nada, pero si no tienen recursos, imagínese, ya no harán absolutamente nada”, manifestó el economista.

A criterio de Barrientos, la propuesta es más política y lo que busca es desestabilizar aún más al Ejecutivo que no ha tenido capacidad de ejecución de infraestructura vial.

Arancel en Cero

En primer lugar, los transportistas plantean la eliminación de los aranceles de importación. No obstante, “toda la gasolina y diésel de Guatemala viene de Estados Unidos y, con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se estableció un 0% de arancel, es decir, no tendría ningún efecto en el precio”, afirmó el director del área económica de Asíes.

“La propuesta de quitar los aranceles no tiene ningún sentido, porque están pidiendo que se quite un impuesto que ya no se aplica”, coincidió Barrientos, quien aseguró: “Es allí donde me atrevo a decir, sin menosprecio a los transportistas, que su propuesta no tiene ningún rigor técnico”.

Quitar el IVA y el efecto sobre la inversión municipal

El economista del Icefi explicó que la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es mucho más complicado, porque se trata de un tributo “de etapa múltiple” que tiene un “efecto cascada”.

“Se paga en cada una de las etapas de importación y comercialización. Es decir, paga IVA el importador, también para el mismo 12% el distribuidor y finalmente el consumidor final. Todo eso genera un débito y un crédito fiscal que, al final del año, tiene que reponerse o debitarse a toda la cadena que participó en el proceso”, explicó Barrientos.

Entonces “¿A quién quieren que se le quite el IVA? ¿Al importador? ¿Al distribuidor? ¿Al transportista? ¿O al consumidor final, quien realmente no paga el 12% sobre el total del buque que se importó? Eliminar este impuesto, conlleva una cadena que no es factible”, subrayó.

Pero al final, lo complicado de eliminar el tributo no sería el mayor problema. Los expertos coinciden en que el dilema recae en el efecto, ya que tiene destinos específicos. Según el artículo 10 de la Ley del IVA, el impuesto se distribuye de la siguiente manera:

• 1.5% para las municipalidades de todo el país, quienes deben utilizar el 25% de este aporte para funcionamiento y 75% para inversión.
• 1% para los Consejo Departamentales de Desarrollo (Codedes), mismos que se destinan a inversión pública.
• 0.5% para programas y proyectos para seguridad alimentaria de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, principalmente madres con niños por nacer, niños y programas preescolares y escolares.
• 0.5% para proyectos y programas de educación primaria y técnica.
• 0.5% para programas y proyectos de seguridad ciudadana y de derechos humanos.

“Al final, si se quita el IVA, el impacto será considerable para la inversión del gasto social. Incluso, de la refacción escolar. Ahora es importante que se pregunten ¿Realmente es lo que se quiere?”, finalizó Barrientos.