El presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley Antilavado en Guatemala y sostuvo, en un mensaje difundido en sus redes sociales, que la norma busca frenar la circulación de dinero ilícito que durante años benefició a narcotraficantes, bandas criminales y corruptos, con el objetivo de proteger la economía de las familias, reducir los riesgos para la inversión y facilitar la creación de empleo y el acceso al crédito.
La ley fue publicada el martes en el Diario Oficial y entrará en vigencia en tres meses, de acuerdo con el texto de la normativa ordinaria. La iniciativa fue aprobada por el Congreso el 2 de junio con 147 votos.
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Arévalo afirmó en su mensaje que la norma que firmó fue presentada por su gobierno hace once meses ante el Congreso de la República. Según el mandatario, ese plazo concluyó con la entrada de la ley al ordenamiento jurídico.
La norma entrará en vigencia en tres meses tras su publicación oficial
“El dinero sucio y mal habido circuló en nuestro país durante muchísimo tiempo. Narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaban sus bolsillos con total impunidad, sin controles, sin fiscalización, sin castigo. Eso está por terminar”, dijo el presidente Bernardo Arévalo en el mensaje difundido en sus redes sociales.
El mandatario sostuvo que la ley permitirá avanzar hacia “una economía más limpia y transparente”. También afirmó que la medida forma parte de la lucha contra la criminalidad y la corrupción que, según dijo, su administración ofreció a la ciudadanía.
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La consecuencia que el gobierno atribuye al lavado de dinero es directa: si una economía es infiltrada por esos recursos y por el crimen organizado, suben los riesgos de invertir en negocios. Arévalo agregó que ese escenario dificulta crear empleo y acceder a crédito.
El gobierno vincula el lavado de dinero con menos inversión, empleo y crédito
Arévalo aseguró que la nueva legislación protege y fortalece la economía de las familias guatemaltecas. En su explicación, esa protección deriva de atacar los flujos financieros ligados a estructuras criminales y redes de corrupción.
El presidente también vinculó la economía criminal con la delincuencia que, según expresó, ha causado dolor a la población y ha llevado a vivir con miedo. En esa línea, presentó la ley como una herramienta para sanear la economía y abrir oportunidades legales y seguras de crecimiento y bienestar para millones de guatemaltecas y guatemaltecos.
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“Con esta ley cambiaremos los vicios del pasado, sanearemos nuestra economía para crear más oportunidades legales y seguras de crecimiento y bienestar para millones de guatemaltecas y guatemaltecos honestos”, afirmó Arévalo.
El mandatario añadió que la ley ha sido respaldada desde diversos sectores, aunque en el mensaje no identificó cuáles. También planteó que la nueva etapa que propone la norma apunta a desplazar la corrupción con transparencia y a reforzar una economía en la que, según sus palabras, “el crimen no paga”.
“Estamos abriendo camino a un país donde la transparencia desplaza la corrupción y donde el trabajo honrado y decente vale más que la ilegalidad, donde el crimen no paga y donde todas y todos podemos prosperar en paz y en igualdad”, sostuvo Arévalo.
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La reforma crea un nuevo sistema de control financiero y sanciones administrativas
El decreto construye una estructura institucional de prevención. La ley crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (CONCLAFT), presidido por el vicepresidente de la República e integrado por ministros de Estado, el superintendente de Bancos y el director general de Inteligencia Civil, entre otros funcionarios.
La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), queda como eje operativo del sistema. Tendrá facultades para inscribir a las Personas Obligadas, recibir reportes de transacciones sospechosas, imponer sanciones y coordinar con unidades de inteligencia financiera extranjeras.
Entre esas Personas Obligadas figuran bancos, cooperativas, notarios, inmobiliarias, proveedores de activos virtuales y profesionales jurídicos y contables. Las sanciones administrativas por incumplimiento van de USD 500 a USD 300.000, y se duplican cuando la Persona Obligada haya intentado obstaculizar la labor de la IVE.
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Para las personas jurídicas, la ley prevé multas de entre USD 10.000 y USD 625.000 cuando sean responsables del delito. En caso de reincidencia, establece la cancelación definitiva de su personalidad jurídica.
En el delito de financiamiento del terrorismo, las penas para personas individuales quedan entre 10 y 30 años de prisión inconmutable. Las multas en esos casos pueden alcanzar los USD 800.000.
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