El Ejecutivo de Guatemala sancionó el Decreto 15-2026, que pone en marcha una nueva ley integral contra el lavado de dinero, otros activos y el financiamiento del terrorismo, una reforma que entrará en vigor dentro de tres meses tras su publicación este miércoles 17 de junio y que busca alinear al país con los estándares del GAFI antes de la evaluación que realizará Gafilat en febrero de 2027, según la publicación del Diario de Centroamérica.
La norma fue aprobada por el Congreso de la República a inicios de junio con el respaldo de 147 diputados. La ley deroga el Decreto 67-2001 y concentra en un solo instrumento el régimen administrativo preventivo y represivo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo vinculado con la economía criminal nacional y transnacional.
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La nueva legislación también incorpora de forma transversal el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con el texto oficial. Ese ajuste responde a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, un estándar aceptado por más de 200 países y jurisdicciones.
Para las personas obligadas, la unificación implica un solo Manual de Prevención, una autoridad supervisora con competencia integral, procedimientos de reporte unificados y una única Intendencia de Verificación Especial como interlocutor técnico. El objetivo es reducir el riesgo de incumplimiento involuntario que generaba la dispersión del sistema anterior.
La reforma refuerza a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Al cierre de abril de 2026, la IVE acumuló denuncias por Q2.751,5 millones vinculadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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La ley amplía de ocho a 13 las atribuciones de la IVE
Una de las modificaciones centrales eleva de ocho a 13 las atribuciones de la IVE, después de que el pleno aprobara una enmienda de sustitución total al artículo 52. La ley anterior solo contemplaba ocho funciones para esa unidad.
Con ese cambio, la IVE podrá ejercer una supervisión más rigurosa para generar inteligencia financiera y trasladar información con mayor agilidad al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuando detecte transacciones, operaciones u otros elementos que puedan estar relacionados con esos delitos o con el financiamiento del terrorismo.
La normativa también impone obligaciones administrativas a las personas obligadas en materia de prevención y les exige comunicar información en la forma prevista por la ley. A la vez, ordena a la IVE administrar y resguardar archivos, registros, sistemas informáticos, estadísticas e información con medios tecnológicos adecuados, medidas de seguridad y niveles de acceso para proteger instalaciones y datos.
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La respuesta concreta de la nueva ley es esta: Guatemala tendrá un único régimen legal para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con una sola estructura de supervisión técnica y mayores facultades para su unidad de inteligencia financiera.
Guatemala se prepara para la revisión de Gafilat en febrero de 2027
La reforma legal avanza en paralelo con la preparación institucional para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la que el GAFILAT medirá la efectividad de las medidas del país contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según la Superintendencia de Bancos. Esa revisión examinará si el sistema guatemalteco puede mostrar resultados concretos en prevención, supervisión, investigación y sanción.
En la apertura participaron el superintendente de Bancos Saulo De León Durán, el intendente de Verificación Especial Juan Carlos Monroy Véliz y el secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT Gustavo Vega, según la Superintendencia de Bancos. Durante la actividad se abordaron resultados inmediatos que Guatemala considera clave para la evaluación.
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Entre los ejes discutidos figuraron la evaluación de riesgos, la coherencia de las políticas, la transparencia del beneficiario final, la supervisión basada en riesgo y las medidas preventivas, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos. La agenda también incluyó recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, además de la cooperación nacional y las sanciones financieras dirigidas contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva incluidas en listas de la ONU.
La Superintendencia de Bancos afirmó que la aprobación del Decreto 15-2026 representa un avance en la modernización del marco legal del país. “La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”, indicó la SIB en su comunicado oficial del 12 de junio, según la Superintendencia de Bancos.
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