La decisión de Amnistía Internacional de declarar presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, marca un punto de inflexión en el debate global sobre derechos humanos y justicia en Guatemala. Ambos cumplen ya más de un año detenidos por su participación en manifestaciones pacíficas, un hecho que la organización califica como una vulneración de los estándares internacionales y que motiva ahora el lanzamiento de una campaña internacional por su liberación inmediata.
En las últimas semanas, la organización ha recalcado que cada día transcurrido en prisión ahonda la vulneración de los derechos de Pacheco y Chaclán. El 6 de mayo de 2026, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, enfatizó que el caso constituye un castigo arbitrario por representar a su comunidad, e insistió en que la prisión preventiva se ha convertido en una estrategia sistemática para silenciar a defensores indígenas en el país. En conferencia de prensa Amnistía Internacional, más de doce meses en reclusión preventiva, sin acceso a una revisión judicial efectiva, quebrantan tanto la legislación guatemalteca como los acuerdos internacionales de derechos humanos.
Prolongación de la prisión preventiva y acusaciones graves con base ambigua
La prolongada prisión de Pacheco y Chaclán, de acuerdo con Amnistía Internacional, es posible gracias a la utilización extensiva y, según su análisis, abusiva de medidas como la prisión preventiva. Rigoberto Castro, representante para Pueblos y Villas y defensor de los detenidos, indicó que, de los doce meses transcurridos, diez han sido sin juez natural asignado al caso debido a “múltiples excusas y recusaciones”, lo que definió como litigio malicioso. Castro atribuyó este estancamiento tanto al actual Ministerio Público, liderado hasta hace poco por Consuelo Porras, como a entidades ajenas al Estado, en particular la Fundación contra el Terrorismo, identificada como parte activa en el proceso.
PUBLICIDAD
El expediente abierto contra Pacheco y Chaclán contempla delitos como asociación ilícita, terrorismo, sedición y obstaculización a la justicia. En rueda de prensa, Ana Piquer advirtió que estos tipos penales, por su redacción ambigua y amplitud punitiva, permiten una interpretación arbitraria que Amnistía Internacional considera una prolongación de la discriminación estructural contra los pueblos indígenas en Guatemala. La organización sostiene que la persecución penal con cargos de esta índole no solo busca castigar, sino también disuadir futuras movilizaciones.
La consecuencia central de este proceso, según Amnistía, es la “muerte social” de los detenidos, definida por familiares y líderes comunitarios como la pérdida de vínculos afectivos y fracturas sociales y económicas profundas. Durante el acto, una integrante de la familia sostuvo: “No es tortura física ni desaparición forzada, pero sí una ruptura total de la vida social y familiar”.
La declaratoria de presos de conciencia y el llamado internacional
La figura de preso de conciencia, según explicó Piquer a los medios, supone reconocer que una persona está encarcelada solo por ejercer o defender derechos humanos; esta calificación exige la libertad inmediata e incondicional y el retiro de todos los cargos en su contra. Actualmente, además de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, otras personas como Esteban Coccai se encuentran procesadas en la misma causa, y se menciona a otros defensores indígenas que han enfrentado procesos similares en los últimos años.
PUBLICIDAD
Castro instó al nuevo fiscal general, García Luna, quien asumió el cargo el 5 de mayo, a iniciar una revisión exhaustiva de las causas abiertas contra autoridades y representantes indígenas. Además, exigió a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que asuman el seguimiento y acompañamiento internacional del caso, argumentando que es imprescindible garantizar el debido proceso y evitar una “justicia comprada y capturada” por intereses particulares.
<b>Impacto de la campaña global y presión sobre el sistema judicial</b>
Amnistía Internacional comunicó que en las próximas semanas pondrá en marcha nuevas acciones, tanto públicas como privadas, para visibilizar y presionar por la liberación de Pacheco y Chaclán. La organización informó que se presentarán llamados formales ante la Fiscalía General y organismos internacionales, con el objetivo de evidenciar el carácter arbitrario e injustificado de la detención.
La entidad recordó que la prisión preventiva impuesta a defensores de derechos humanos y periodistas en Guatemala ha sido señalada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Esta práctica responde, indicaron, a un patrón de criminalización expuesto repetidamente por organizaciones internacionales y nacionales, así como por expertos de las Naciones Unidas.
PUBLICIDAD