El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene la atención sobre Guatemala al advertir que para su próxima evaluación espera observar avances tangibles en la aplicación de la Ley de Proyectos Viales Prioritarios, una norma cuya implementación se encuentra actualmente estancada debido a retrasos administrativos y falta de acuerdos, aspectos que comprometen la efectividad de las políticas de infraestructura del país.
Según informó este jueves el diario guatemalteco La Hora, estos elementos serán determinantes en el dictamen anual sobre la salud macroeconómica de la nación, mientras el FMI establece contacto directo con autoridades financieras y actores empresariales para realizar una revisión integral de la economía guatemalteca.
En el marco de la visita de la misión del Fondo Monetario, encabezada por Alex Culiuc, se han identificado obstáculos para la ejecución de la Ley de Proyectos Viales Prioritarios. Entre los principales problemas revelados, persiste la incapacidad de la cartera de Finanzas para transferir fondos a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), asunto agravado por el retraso en la aprobación del reglamento correspondiente y la ausencia de consensos sobre la escala salarial de los integrantes del organismo.
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La evaluación del FMI se produce en una coyuntura donde “la infraestructura vial es percibida como un motor para dinamizar la economía” y aumentar la productividad nacional. Empresarios y analistas reunidos el pasado 10 de febrero en un foro sectorial coincidieron en señalar que el proceso está lejos de alcanzar el ritmo requerido para generar resultados medibles en el corto plazo.
La agenda del FMI incorpora el análisis de capital humano, competencia y compras públicas
Durante su estancia, la misión del FMI sostuvo reuniones con representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explorando tanto los logros legislativos recientes como los desafíos que continúan restringiendo a Guatemala en materia de infraestructura y desarrollo de capital humano.
Culiuc afirmó que se esperan progresos concretos en la puesta en marcha de la Superintendencia de Competencia y en la reforma de normativas imprescindibles para la transparencia, citando específicamente la Ley de Compras y Contrataciones como un eje pendiente de avance.
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Por su parte, el Gobierno de Guatemala defendió su progreso en materia tributaria y en la gestión eficiente del gasto público al inicio de la visita del FMI, un proceso que busca evaluar la estabilidad económica y las finanzas públicas del país antes de la revisión macroeconómica de 2025.
Durante la primera jornada de reuniones, la administración expuso las reformas implementadas y la ambición de modernizar las contrataciones estatales reduciendo los tiempos en las devoluciones fiscales, aspectos que inciden directamente en el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza institucional, según informó el medio regional digital Centroamérica360.
En el arranque de la misión técnica del FMI, que se extenderá hasta el 27 de febrero, el Ministerio de Finanzas Públicas remarcó avances concretos en el aumento de la recaudación y en la reducción de atrasos en la devolución de impuestos. Según el ministro Jonathan Menkos Zeissig, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), órgano autónomo encargado de la recaudación impositiva, implementó un plan estratégico con el objetivo de elevar la productividad de los tributos y fortalecer la capacidad recaudatoria. Menkos Zeissig detalló que la SAT ahora opera con herramientas que permiten mayor eficiencia y transparencia en el cobro, lo que ha impactado en el rendimiento fiscal.
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Uno de los indicadores que destacó el Ejecutivo fue la disminución en el rezago de devoluciones de impuestos, que hasta el año pasado alcanzaba los USD 282 millones. Durante el último año fiscal, las devoluciones superaron los USD 205 millones, lo que permitió aliviar la carga a los contribuyentes y mejorar el flujo de recursos en la economía. Esta cifra fue presentada por Menkos Zeissig a la delegación del FMI como un signo de institucionalidad y capacidad operativa renovada.
El Ministerio de Finanzas informó que, en colaboración con el Banco de Guatemala y la SAT, desarrolló una propuesta para agilizar los plazos de devolución a contribuyentes no exportadores. El objetivo es proporcionar mayor certeza jurídica y eficiencia, una demanda central en la relación entre la ciudadanía y el aparato tributario.