Hoy por la mañana, en una ciudad bajo la sombra de 22 mil efectivos de fuerzas de seguridad destinados a los diversos operativos por la cumbre del G20, la Policía de la Ciudad con su división Explosivos activó seis veces el protocolo de análisis y desactivación de bomba, cinco alertas en una sola mañana que no dieron ningún resultado positivo.
Un mensaje viralizado por WhatsApp desde la esquina de la avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear aseguraba: "Gente, los que están en la calle anden con cuidado. Recién tiraron explosivo desde un auto a un micro en mi parada que no detonó. Vino la Policía y lo hizo explotar". La fuerza porteña determinó que se trataba de una pieza de motor de heladera.
El escuadrón antibombas también se dirigió a la calle Corvalán en Villa Lugano frente a la escuela de policía Juan Ángel Pirker por una vieja heladera de telgopor abandonada que tenía un pedazo de hielo a medio derretir y un cuchillo tipo Tramontina, el resto obvio de una noche de fernet en la vía pública.
Una sucursal del banco HSBC en la calle Reconquista también fue el foco de otro operativo, con un caño empotrado en la vereda atado con cinta confundido con, otra vez, un explosivo letal.
El raid de la división Explosivos porteña continuó en la estación Belgrano de la línea E de subte, con una vieja valija abandonada que terminó estallada. Lo que apareció en el baño del hospital Garrahan o tuvo un fin claramente intimidatorio o era una broma de muy mal gusto: tres tubos azules atados con cinta con un medidor de tensiómetro que parecía un temporizador para simular un explosivo. Otra vez lo mismo: nada.
El Juzgado Federal Nº11 a cargo de Claudio Bonadío, de turno para lo que ocurra durante la cumbre junto a la fiscal Alejandra Mangano, dispuso el secuestro de los objetos con una calificación de "intimidación pública", la misma carátula que reciben las amenazas de bomba hechas por estudiantes que no quieren rendir exámenes en colegios secundarios. El colegio Lenguas Vivas, en esta sintonía, reportó una amenaza con activación de protocolo.
Las últimos diez días, tras el estallido del explosivo a base de pólvora negra y un temporizador de horno en el cementerio de Recoleta que desfiguró y envió a terapia intensiva a la joven anarquista Anahí Rodríguez fueron particularmente intensos en este sentido. Ese mismo día, el miércoles 14, un hombre llamó al 911 desde el penal de Marcos Paz para realizar una amenaza de explosivo en la central de la Policía Federal Argentina en la calle Moreno, en el barrio porteño de Montserrat.
La división Explosivos de la Federal actuó en el lugar. Se determinó que era otra falsa alarma. El audio de la llamada, mientras tanto, terminaba viralizado en redes y en otros servicios de mensajería instantánea, un meme hecho voz. Un día después, la división Explosivos porteña tuvo que clausurar y evacuar las bocas del subte alrededor del Obelisco por un objeto misterioso que resultó ser un viejo televisor portátil. El viernes 16, Aeroparque terminó evacuado por una bolsa de sábanas viejas calificada de "paquete sospechoso".
El martes 20 fue peor que la mañana de hoy: la Policía de la Ciudad y la PFA contaron otras seis amenazas en el día, tres en apenas cinco horas con una paranoia incrementada a poco más de una semana de la cumbre de líderes globales en suelo porteño.
Una intimidación recibida en la línea 911 hablaba de una supuesta bomba la central del Banco Galicia en la calle Perón terminó con dos mil personas evacuadas, con otros resultados negativos en el hospital Fernández y una formación del tren San Martín.
Ese mismo día por la tarde, la Federal tuvo que evacuar la Biblioteca del Congreso sobre la calle Yrigoyen, esta vez por otro falso explosivo detrás de la mochila de un inodoro. Esa misma mañana, la Federal tuvo que lidiar con una lámpara dicroica rota confundida con una bomba para la residencia del embajador estadounidense Edward Prado en Palermo.
En total, según fuentes policiales, la Policía porteña investigó 17 supuestos artefactos en las últimas dos semanas, con trece amenazas de bomba en colegios y solo tres en otros puntos, incluida la central de Policía Federal. Cada salida del escuadrón antibombas implica despachar al menos una camioneta y dos operadores. Cada alarma debe ser atendida.
Mientras tanto, las bombas reales son auténticas, pero escasas: antes del aparato que explotó en la tumba de Ramón Falcón, un grupo anarquista colocó una en un cajero del banco Santander Rio en Flores. Ambos atentados son investigados por la Justicia Federal.