Nuevo México demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al fiscal general interino Todd Blanche para reclamar archivos sin censura del caso Jeffrey Epstein, al sostener que la negativa federal bloquea una pesquisa estatal sobre presuntos delitos sexuales en el rancho Zorro, cerca de Santa Fe, según informaron agencias como Associated Press y EFE.
La presentación judicial quedó radicada el miércoles en un tribunal federal de Washington, donde la oficina del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, pidió una orden para obligar al gobierno federal a entregar materiales que, a su juicio, resultan clave para identificar víctimas, testigos y posibles responsables. De acuerdo con Associated Press, la demanda acusa a las autoridades federales de causar un perjuicio a las víctimas y de afectar el interés público.
El eje del reclamo estatal pasa por el acceso a documentos vinculados con la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus actividades en su rancho Zorro.
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La posición de Nuevo México sostiene que todavía puede avanzar sobre eventuales responsabilidades de personas asociadas al financista, incluso después de la muerte de Epstein en 2019, si logra revisar expedientes completos y no versiones testadas o parciales.
La disputa por los archivos y el argumento federal
La demanda afirma que los fiscales estatales enfrentaron una resistencia persistente para obtener información que suele compartirse entre investigadores estatales y federales.
Según EFE, el escrito judicial señala que el Departamento de Justicia incumplió sus obligaciones al negar el acceso a documentos relevantes para una investigación criminal completa sobre acusaciones de abuso y explotación sexual.
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En términos directos, Nuevo México busca que la Justicia federal obligue al DOJ a entregar expedientes completos sobre Epstein y Zorro Ranch, porque considera que esos archivos pueden ayudar a identificar víctimas, reconstruir hechos y determinar si hubo otros responsables que aún puedan ser investigados por el estado.
La respuesta federal se apoyó en órdenes judiciales que prohíben divulgar información que permita identificar a víctimas. El Departamento de Justicia sostuvo en un comunicado, citado por Associated Press, que el estado no ofreció una base legal suficiente para justificar “divulgaciones tan amplias” y remarcó que la protección de la privacidad de las víctimas sigue entre sus prioridades.
Torrez afirmó que su oficina realizó 10 pedidos de información clave que fueron ignorados o rechazados. Además, el fiscal dijo que las promesas de cooperación no se tradujeron en hechos y acusó a Blanche de obstruir el acceso a materiales que, según su criterio, podría autorizar “con una firma”.
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Qué dice Nuevo México sobre la investigación paralizada
La demanda estatal sostiene que en 2019 las autoridades federales pidieron a Nuevo México que suspendiera sus propias averiguaciones sobre el rancho mientras avanzaba la causa federal. Según EFE, ese pedido incluyó el compromiso de compartir más adelante la información obtenida. El estado argumenta que esa cooperación nunca se concretó.
Para la fiscalía estatal, esa falta de intercambio impide desarrollar una investigación criminal completa sobre hechos que habrían ocurrido en territorio de Nuevo México. El expediente menciona que el acceso a esos documentos ayudaría a establecer qué personas participaron, qué testimonios existen y si aún quedan líneas de investigación abiertas sobre colaboradores o encubridores.
La demanda sostiene que el estado es una de las pocas jurisdicciones que todavía podrían procurar algún grado de rendición de cuentas sobre allegados a Epstein o aportar “algún sentido de justicia” a los sobrevivientes, detalló la agencia AP.
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Esa afirmación aparece en un contexto donde las causas federales ya derivaron en la muerte de Epstein y en la condena de Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora del pederasta, sentenciada a 20 años de prisión tras su condena en 2021 por tráfico sexual.
Informe legislativo y testimonios sobre Zorro Ranch
La demanda coincidió con la publicación de un informe de la Cámara de Representantes de Nuevo México y con la difusión de hallazgos preliminares de la comisión estatal creada para revisar lo ocurrido en el lugar.
Según Associated Press, ese reporte concluyó que quienes tenían la responsabilidad directa de proteger a los habitantes del estado dependieron de otros para hacer su trabajo, entre ellos fiscales federales de Manhattan.
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La New Mexico Survivors’ Truth Commission, creada en febrero por legisladores estatales, apuntó a que la atención federal se concentró en hechos ocurridos en Nueva York, Palm Beach, en Florida, y en las Islas Vírgenes, mientras los episodios vinculados con Nuevo México quedaron sin examinar.
Aun así, el propio informe citó evidencia reunida por fiscales federales de Nueva York para describir denuncias de mujeres que relataron abusos sexuales en Zorro Ranch.
Durante una audiencia pública en el capitolio estatal, una de las víctimas, Rachel Benavidez, afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella en el rancho y sostuvo que sus vínculos con personas poderosas le permitieron moverse sin control en el estado, según informó Associated Press. En esa misma sesión pidió que la comisión interrogue a “co-conspiradores” que habrían contribuido a evitar que rindiera cuentas en Nuevo México.
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Los antecedentes del caso y la situación política
En el juicio contra Maxwell, otra de las víctimas, Annie Farmer (hoy psicóloga), declaró que tenía 16 años cuando fue al rancho y relató episodios de contacto sexual no consentido por parte de Maxwell y de Epstein. Ese testimonio quedó entre los antecedentes que refuerzan el interés estatal por revisar los archivos completos vinculados con la propiedad.
Epstein murió por suicidio en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York, después de que se le negara la libertad bajo fianza tras su arresto por cargos de tráfico sexual.
Su propiedad en Stanley, una comunidad rural situada a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Santa Fe, había sido adquirida en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King. Más tarde fue vendida por la sucesión de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, republicano designado recientemente contralor de Texas.
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La acción judicial también se produce mientras el Senado mantiene pendiente la confirmación permanente de Todd Blanche. A la vez, AP recordó que el Departamento de Justicia empezó en diciembre a divulgar registros de investigación sobre Epstein y Maxwell en virtud de la Epstein Files Transparency Act, aunque denunciantes y congresistas cuestionaron tachaduras deficientes, abundante material sellado y documentos ya públicos o sin contexto suficiente.