Camp Mystic, escenario de una tragedia que conmocionó a EE. UU., se declara en bancarrota tras las inundaciones que mataron a 28 personas

El campamento cristiano femenino Camp Mystic, ubicado a orillas del río Guadalupe en Texas, se ha visto obligado a declararse en bancarrota menos de un año después de una de las mayores tragedias recientes asociadas a desastres naturales en la región.

La solicitud, presentada ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas en Houston, se ampara en el Capítulo 11, mecanismo legal que permite la reorganización bajo protección judicial. Según consta en la documentación oficial, la organización afronta una deuda superior a los 10 millones de dólares, mientras que sus activos apenas suman entre 100.001 y 500.000 dólares. Esta decisión llega tras meses de presión social, demandas judiciales y la suspensión de su reapertura anunciada para el verano.

La tragedia que desencadenó el colapso financiero y legal de Camp Mystic tuvo lugar el 4 de julio, cuando unas inundaciones catastróficas arrasaron la zona baja del campamento. En cuestión de horas, el agua cubrió instalaciones y cabañas sin dar tiempo a una evacuación efectiva.

El saldo fue devastador: 25 niñas y dos monitoras adolescentes perdieron la vida, sumando un total de 27 víctimas mortales solo en el recinto. El propietario del campamento, Richard Eastland, también falleció durante el suceso. En la región, el desastre dejó al menos 136 muertos a lo largo de varios kilómetros del río Guadalupe, lo que puso en evidencia la magnitud del fenómeno y la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en la ribera.

Las circunstancias del desastre han sido objeto de fuerte controversia. Familiares de las víctimas y observadores han puesto la lupa sobre la reacción de los responsables del campamento frente a las señales de advertencia emitidas por las autoridades antes de la crecida.

Según testimonios recogidos posteriormente en audiencias y demandas, muchas de las niñas fueron mantenidas en sus cabañas incluso cuando era evidente el peligro inminente. Algunos relatos incluyeron la proyección de un video donde se escuchan los gritos de auxilio de una menor mientras las aguas avanzaban de manera implacable.

La falta de una evacuación oportuna y la aparente desorganización en la respuesta ante la emergencia se han convertido en el eje de las acusaciones legales y públicas contra la gestión del campamento.

En noviembre, los familiares de las víctimas iniciaron una demanda colectiva exigiendo más de un millón de dólares en daños y perjuicios. El documento presentado ante la justicia sostiene que los administradores de Camp Mystic no adoptaron las medidas mínimas de protección ni una planificación detallada ante el riesgo de inundación, a pesar de que el emplazamiento del campamento en una zona baja lo hacía especialmente vulnerable.

También se señala la falta de capacitación del personal encargado de la seguridad y el bienestar de las menores durante las actividades.

En respuesta a la presión mediática y judicial, los abogados de Camp Mystic anunciaron inicialmente su intención de reabrir el campamento para el verano, con la expectativa de recibir a casi 900 campistas. Sin embargo, la indignación de las familias y la intervención de legisladores estatales forzaron un cambio de postura.

Tras semanas de audiencias judiciales y una investigación legislativa que sacó a la luz la insuficiencia de los protocolos de emergencia y la precariedad en la formación del equipo, la institución decidió suspender la reapertura. Esta marcha atrás fue comunicada en abril, pocos días después de que representantes del campamento invitaran a periodistas y autoridades a recorrer las instalaciones y conocer las supuestas mejoras implementadas tras la tragedia.

Las familias de las víctimas han tenido un papel central en el proceso judicial y en la presión pública sobre el campamento. Durante las audiencias, decenas de padres y madres llenaron la sala portando insignias con la leyenda “Heaven’s 27” y fotografías de sus hijas. Muchos escucharon relatos sobre la noche de la inundación y la falta de reacción frente a las alertas. La presencia de los familiares en cada instancia judicial se convirtió en un símbolo de exigencia de justicia y de denuncia de las presuntas negligencias cometidas por la administración de Camp Mystic.

El proceso legal se encuentra en curso, con la agencia Associated Press reportando que tanto los abogados del campamento como los de la familia Eastland y los representantes de los demandantes han sido contactados para ofrecer comentarios, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta oficial. La situación de bancarrota ha añadido incertidumbre sobre la capacidad del campamento para afrontar las demandas económicas y las posibles indemnizaciones.

Antes de anunciar la suspensión definitiva de actividades, la familia Eastland y los responsables de Camp Mystic intentaron mostrar una postura proactiva frente a las críticas. Organizaron recorridos para la prensa y los legisladores, exhibieron nuevas medidas de seguridad y aseguraron que las áreas más afectadas por la inundación quedarían excluidas de cualquier actividad futura.

Argumentaron, además, que cientos de familias texanas deseaban que sus hijas regresaran, describiendo el lugar como un espacio especial para varias generaciones. No obstante, la combinación de escándalo público, demandas millonarias y el dolor de las familias terminó por cerrar temporalmente las puertas de la institución, que ahora enfrenta el desafío de reestructurarse bajo la sombra de una de las peores tragedias en la historia reciente de los campamentos en Texas.