El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, reactivó y endureció la pena de muerte federal con la reintroducción de la inyección letal basada en pentobarbital, la autorización de pelotones de fusilamiento y la agilización de los procedimientos legales para ejecutar condenas.
Según el comunicado oficial, estas reformas buscan disuadir crímenes graves y acelerar la aplicación de sentencias, tras años de restricciones y moratorias durante la presidencia de Biden que redujeron a mínimos históricos el número de ejecuciones federales. El Departamento de Justicia también estudia la construcción de nuevas instalaciones para ejecuciones y cambios regulatorios para limitar el acceso de los condenados a peticiones de clemencia, reportó CBS News.
Se amplían los métodos de ejecución y se restringen los recursos legales
Las nuevas directrices restauran la inyección letal con pentobarbital y amplían los métodos de ejecución al incluir el pelotón de fusilamiento. Según el informe oficial, la administración también considera el estudio de la electrocución y el gas letal, métodos que “el Tribunal Supremo avaló como compatibles con la Octava Enmienda“, la cual prohíbe los castigos crueles e inusuales.
A su vez, el Departamento de Justicia ordenó al Buró Federal de Prisiones restablecer el protocolo de ejecución vigente durante el primer mandato de Trump y evaluar la expansión de las instalaciones de reclusión, así como la construcción de nuevos recintos para los nuevos métodos de ejecución, informó CBS News. Paralelamente, el departamento anunció la próxima presentación ante el Congreso de una propuesta legislativa integral para reforzar la seguridad pública y garantizar “justicia para las víctimas de los peores crímenes”.
En el ámbito procedimental, la administración Trump plantea una reducción sustancial de los plazos de apelación federal en casos de pena capital estatales con el objetivo de aprobar normas que permitan acortar en años el tiempo entre la condena y la ejecución. Además, evalúa una regulación que prohibirá a los reclusos sentenciados a muerte presentar peticiones de clemencia o indultos federales antes de agotar sus recursos legales en primera instancia y en apelaciones colaterales, de acuerdo con The New York Times.
Como respuesta a este cambio de política, el fiscal general interino Todd Blanche declaró en un comunicado difundido por el Departamento de Justicia que durante la gestión anterior se “incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”. Además, agregó: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas”.
Cambios en la política federal sobre la pena de muerte en Estados Unidos bajo las administraciones de Biden y Trump
Durante el mandato de Biden, el entonces fiscal general Merrick Garland impuso una moratoria indefinida sobre las ejecuciones federales y prohibió el uso de pentobarbital en los protocolos de inyección letal, alegando riesgos de “dolor y sufrimiento innecesario”. Uno de los cambios más notorios de ese periodo fue la conmutación de las sentencias de 37 de los 40 presos federales en el corredor de la muerte en los últimos días de la administración Biden.
Estos pasaron a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informó The New York Times. Solo tres reclusos quedaron excluidos: los responsables de los atentados en la maratón de Boston (2013), la iglesia Mother Emanuel en Charleston (2015) y la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh (2018).
Como parte del relanzamiento, la oficina del fiscal general Blanche, informó que ya existe autorización para solicitar la pena máxima en 44 casos. En nueve, Blanche otorgó su autorización personal, entre ellos tres presuntos integrantes de la organización MS-13, dos de los cuales son inmigrantes en situación irregular, acusados de asesinar a un testigo federal.
Según CBS News, el presidente Trump, en su primer día de su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva que exige la pena capital “en todos los delitos que por su gravedad lo justifiquen” y ordena a la fiscalía federal aplicarla especialmente en crímenes contra funcionarios y homicidios cometidos por inmigrantes sin residencia legal.
Durante el primer gobierno de Trump, tras casi dos décadas sin ejecuciones federales, se realizaron 13 ejecuciones, una cifra sin precedente reciente. La reanudación de esta práctica terminó con la moratoria de 2021 y solo retomó impulso en febrero de 2025, cuando, tras la salida de Bondi de la oficina del fiscal general, Blanche dictó instrucciones para solicitar la pena de muerte en casos seleccionados, como el juicio contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024.