La Asamblea General de Indiana, el órgano legislativo estatal de Indiana, concluyó el 27 de febrero su sesión legislativa especial con la aprobación de un paquete de reformas que introduce cambios sustanciales en el sistema educativo estatal.
Entre las medidas más destacadas, se establecen nuevas sanciones económicas, restricciones al uso de tecnologías en el ámbito escolar y modificaciones en los criterios de admisión universitaria, configurando así un nuevo escenario normativo para alumnos, docentes y autoridades.
Los centros educativos deberán, a partir de ahora, colaborar obligatoriamente con agencias federales en asuntos migratorios o enfrentarán multas estatales de USD 10.000.
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Durante la última sesión, la Asamblea General de Indiana impulsó una serie de iniciativas con el argumento de fortalecer la disciplina, la seguridad y el rendimiento académico, en un contexto nacional donde los estados intensifican la cooperación con el gobierno federal en materia migratoria y regulatoria.
En el ámbito migratorio, el nuevo marco legal elimina la condición de “refugio seguro” que hasta ahora protegía a las escuelas frente a operativos federales. La Sección de Refuerzo Migratorio de la Ley del Senado 76 establece que los centros educativos están obligados a facilitar el acceso y la colaboración con agentes federales; de negarse, se enfrentarán a una multa de USD 10.000.
Esta disposición responde a la tendencia federal de exigir mayor involucramiento a instituciones estatales, especialmente en estados con fuerte presencia de comunidades migrantes.
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El endurecimiento de la cooperación entre autoridades estatales y federales en Indiana se suma a una ola de normativas similares en todo Estados Unidos, lo que podría establecer un precedente para otras jurisdicciones.
Controles parentales y verificación de edad en plataformas digitales
En paralelo, la sesión legislativa abordó la creciente preocupación por la exposición de los menores a contenidos en línea y riesgos digitales. La Ley de la Cámara 1408 establece que plataformas tecnológicas con ingresos globales superiores a USD 1.000 millones, como Facebook, Instagram y TikTok, deberán implementar sistemas de verificación de edad y requerir consentimiento parental para usuarios menores de dieciséis años.
Los padres, una vez concedido el permiso, tendrán acceso a herramientas que les permitirán monitorear la actividad digital de sus hijos mediante una clave exclusiva.
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La normativa también abarca plataformas cuyos algoritmos incentivan el uso prolongado y que registran una alta proporción de menores de dieciséis años conectados por más de dos horas diarias.
Si bien el texto legal no identifica plataformas específicas, legisladores mencionaron a Snapchat como ejemplo de red social que cumple estos criterios y donde se han detectado episodios de ciberacoso y riesgos de explotación digital.
La urgencia en la aprobación de estos controles se vio reforzada por el caso de Hailey Buzbee, una joven de diecisiete años de Fishers que falleció en enero tras ser contactada por un adulto a través de un videojuego y comunicarse mediante una aplicación encriptada. El acusado, residente de Columbus, Ohio, fue clave en el hallazgo del cuerpo tras revelar su ubicación a las autoridades, lo que permitió cerrar la investigación y confirmar el desenlace del caso.
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Aunque la aplicación utilizada por Buzbee queda fuera del alcance de la nueva ley, el impacto del caso fue determinante para el consenso legislativo, que resultó en la aprobación bipartidista de la medida.
Prohibición ampliada de dispositivos electrónicos en el horario escolar
Otro eje de la reforma concentra su atención en la restricción del uso de celulares, tabletas, dispositivos de juego y smartphones durante toda la jornada escolar. La nueva legislación exige que estos equipos permanezcan apagados y guardados en casilleros o fundas, salvo en situaciones de salud, emergencias o actividades pedagógicas autorizadas por personal docente.
Este veto reemplaza la normativa anterior, vigente hasta 2024, que solo prohibía el uso de dispositivos durante las horas de clase. Con la nueva disposición, la prohibición se extiende desde el inicio hasta el final de la jornada escolar, sin excepciones generales.
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Según datos recopilados por la Asamblea General de Indiana, los centros que adoptaron restricciones estrictas en pruebas piloto registraron una mejora en el rendimiento académico y una reducción de incidentes disciplinarios. La implementación obligatoria de la medida está prevista para el ciclo lectivo 2026-27.
Cambios en la admisión universitaria y ajustes vinculados al mercado laboral
En materia de educación superior, la Ley del Senado 88 obliga a universidades y colegios estatales a aceptar, junto al SAT y ACT, los resultados del Classic Learning Test como alternativa válida para el proceso de admisión. Además, el texto legal introduce el concepto de “secuencia del éxito”, promoviendo la postergación de la paternidad hasta el matrimonio como parte de la formación estudiantil.
Otra iniciativa relevante es la Ley del Senado 199, que requiere a las instituciones eliminar programas académicos cuyo ingreso laboral promedio se ubique por debajo de los USD 35.000 anuales, el salario estimado de un graduado de secundaria. Esta política, inspirada en la iniciativa federal Big Beautiful Bill —una ley impulsada por el expresidente Donald Trump destinada a vincular el financiamiento universitario a la empleabilidad de los egresados—, condiciona la concesión de créditos estudiantiles federales a la rentabilidad laboral de los egresados.
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Sectores universitarios han manifestado su preocupación por el posible impacto negativo en la autonomía institucional y la diversidad de la oferta educativa.
Supresión de protecciones laborales para docentes y reacción sindical
El paquete de reformas concluye con la promulgación de la Ley de la Cámara 1004, que deroga 40 disposiciones del código educativo estatal, principalmente aquellas vinculadas a derechos laborales y condiciones de trabajo para el personal docente.
La Asociación Estatal de Maestros de Indiana advirtió que la eliminación de cláusulas sobre jornadas y tareas pactadas permitirá a los distritos reasignar funciones y extender horarios sin compensación adicional.
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La nueva normativa elimina protecciones para docentes involucrados en programas conjuntos, acuerdos interlocales y cooperativas de educación especial, generando inquietud en sindicatos y sectores opositores.
La Ley 1004, apodada “copy and paste bill” por su similitud con propuestas elaboradas por el think tank conservador Heritage Foundation —autor de Project 2025, una agenda de reformas políticas promovida por organizaciones conservadoras estadounidenses—, ya ha sido adoptada por estados gobernados por el Partido Republicano como Tennessee y Utah, y se encuentra en evaluación en otras jurisdicciones.