Elmina Aghayeva, una estudiante de Azerbaiyán que estudia Neurociencia y Ciencias Políticas en Columbia University, fue detenida esta semana por agentes federales que ingresaron a su residencia universitaria bajo el argumento de buscar a un menor desaparecido. La dirección de la universidad calificó de inaceptable este procedimiento y reavivó el debate sobre las prácticas de control migratorio y la protección de los derechos estudiantiles en Estados Unidos.
El hecho involucra la participación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto político donde la reacción inmediata de figuras como el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul añadió presión pública y política sobre el procedimiento.
Según informó la cadena estadounidense NBC News, el caso expuso tensiones entre políticas federales y derechos en los campus.
Detención sin orden judicial y cuestionamientos al procedimiento
A las seis de la mañana del jueves, varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) irrumpieron en un edificio de viviendas de Columbia University. La presidenta interina Claire Shipman señaló que los funcionarios ingresaron “sin ningún tipo de orden judicial” y presentaron una fotografía de un supuesto niño desaparecido como justificación para convencer al personal de seguridad y a los residentes.
El DHS explicó que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Aghayeva debido a que “su visa estudiantil había sido cancelada en 2016” por inasistencia a clases. Según el comunicado, el administrador del edificio y una compañera de cuarto permitieron el acceso a los agentes.
A pesar de que el oficial de seguridad de la universidad solicitó varias veces la orden correspondiente y la posibilidad de contactar a su superior, los agentes continuaron con la detención.
Un vocero del DHS indicó a NBC News que los agentes portaban credenciales visibles e identificaron verbalmente su función. Las imágenes de cámaras de seguridad registraron a los oficiales mostrando la foto del supuesto “niño desaparecido” frente a la puerta, lo que respaldó la versión de la universidad sobre la táctica empleada para ingresar a la residencia.
Aghayeva fue liberada tras horas de tensión y presión política
La intervención desató indignación en la comunidad universitaria y entre funcionarios públicos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció desde Washington a través de la red social X que mantuvo contacto directo con el presidente Donald Trump y fue notificado de que la estudiante sería puesta en libertad en breve.
Tras varias horas de retención, Aghayeva comunicó en Instagram que había sido liberada y regresaba a su domicilio. Agradeció el respaldo recibido y mencionó que aún desconocía la totalidad de los hechos.
La gobernadora Kathy Hochul calificó la detención de inaceptable y denunció un “programa de deportaciones sin transparencia ni rendición de cuentas”, mencionando también el caso de Nurul Amin Shah Alam, un refugiado ciego encontrado sin vida en Nueva York tras ser abandonado por autoridades. Hochul explicó: “Esta mañana, agentes de ICE engañaron a la seguridad del campus y sacaron a una joven de su dormitorio universitario sin una orden judicial”.
El senador Chuck Schumer rechazó las acciones de ICE, afirmó que su despacho coopera con la universidad y con autoridades en la indagatoria sobre lo ocurrido.
Preocupación entre estudiantes y advertencias legales
Compañeros de Aghayeva, estudiante de último año de neurociencia y ciencias políticas, informaron a través de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) que fue retirada de su alojamiento en la calle West 121st. Su abogado presentó un habeas corpus ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, documento al que accedió NBC News, donde consta que no se especificó el motivo legal de la detención durante el arresto.
La presidenta Shipman recordó a la comunidad que la entrada de agentes policiales a áreas no públicas del campus solo puede darse mediante orden o citación judicial. Reafirmó la política universitaria de prohibir el ingreso de fuerzas del orden o la aceptación de órdenes administrativas sin autorización expresa del departamento de seguridad: Shipman puntualizó que “una orden administrativa no es suficiente” para acceder a zonas restringidas.
Manifestaciones, respuestas institucionales e investigación sobre el marco legal
Como reacción a la detención, organizaciones estudiantiles, entre ellas Columbia Student Apartheid Divest, convocaron a una manifestación de emergencia en el campus. De acuerdo con el diario estudiantil Columbia Spectator, alrededor de cien personas participaron de la protesta para exigir garantías y claridad en la actuación de fuerzas federales en residencias universitarias.
La universidad incrementó más patrullas y personal de seguridad en los edificios residenciales y reiteró a sus empleados la prohibición de admitir a representantes de la ley en las instalaciones sin la presencia y pautas de la oficina de asesoría legal.
Una investigación de NBC News identificó la existencia de un memorando interno de ICE, emitido en mayo, que permite el ingreso por la fuerza a una vivienda con una orden administrativa si hay una orden final de deportación firmada por juez, lo que representa un cambio frente a la política previa que exigía una orden judicial expresa.
Controversia migratoria: casos recientes y antecedentes en Columbia University
El caso de Elmina Aghayeva se integra a una serie de hechos que han colocado a Columbia University en el centro del debate sobre inmigración y libertades civiles. El año pasado, la universidad acordó pagar $200 millones para resolver acusaciones de violaciones a leyes antidiscriminatorias y cumplir condiciones impuestas por la administración Trump, lo que permitió restablecer el acceso a $400 millones de fondos federales suspendidos tras denuncias de discriminación hacia estudiantes judíos.
En 2023, agentes federales ejecutaron órdenes en dos residencias universitarias, aunque sin detenciones. Poco antes de esas acciones, ICE arrestó a Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado y activista palestino, quien permaneció tres meses privado de libertad y recuperó su salida gracias a una campaña de apoyo jurídico y mediático.
El proceso judicial contra Khalil sigue abierto, después de que el tribunal de apelaciones anulara una decisión previa y obligara a continuar con la vía administrativa antes de apelar una presunta vulneración de derechos fundamentales.
En el caso de Elmina Aghayeva, el episodio vuelve a poner el foco sobre el uso de prácticas engañosas por parte de las autoridades migratorias y el margen de acción de la universidad para proteger a su comunidad ante la intervención federal.