Las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles podrían obtener una ayuda hipotecaria gracias a un nuevo proyecto de ley

El marco legal busca corregir fallos de leyes anteriores y ofrecer protección real. Las experiencias de damnificados y la reacción de bancos plantean interrogantes sobre cómo será su implementación

El proyecto de ley AB 1847 propone extender el alivio hipotecario a 36 meses para víctimas de incendios en Los Ángeles (AP foto/Jae C. Hong)

Un proyecto de ley busca ofrecer alivio hipotecario extendido a las víctimas de incendios en el condado de Los Ángeles. La iniciativa surge tras las dificultades reportadas por los damnificados, quienes enfrentaron trabas para acceder a los beneficios prometidos en legislaciones anteriores.

El objetivo principal es evitar que cientos de familias pierdan sus hogares mientras intentan reconstruir sus vidas tras el desastre.

La nueva legislación busca evitar que cientos de familias pierdan sus viviendas tras los recientes incendios forestales en California (AP Foto/Ethan Swope, Archivo)

Detalles de la legislación AB 1847

La legislación AB 1847, impulsada por el miembro de asamblea John Harabedian (D-Pasadena), propone ampliar significativamente el periodo de alivio hipotecario para quienes perdieron su vivienda en los incendios del año pasado.

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Dicha normativa triplica el plazo de 12 a 36 meses para solicitar y recibir ayuda, integrando la posibilidad de que los afectados difieran los pagos y, al mismo tiempo, ofreciéndoles un esquema de pago diferido al término del periodo de alivio. Esto permite que la duración original del crédito se extienda en vez de modificar la tasa de interés, asunto especialmente sensible para muchos propietarios.

El acceso a este beneficio depende de las condiciones del contrato hipotecario, aunque en la mayoría de los acuerdos respaldados por Fannie Mae y Freddie Macempresas financieras respaldadas por el gobierno de EE.UU. que garantizan la mayoría de los créditos en el país— estos tipos de prórroga suelen estar permitidos.

Antecedentes con la ley AB 238 y sus limitaciones

La ley previa, AB 238, también propuesta por Harabedian, prohibía que los prestamistas exigieran el pago inmediato en una sola suma al finalizar la moratoria, además de vetar la imposición de recargos por mora, impedir ejecuciones hipotecarias y evitar informes negativos a las centrales de crédito durante el periodo de gracia.

Debido a que no especificaba los términos de la devolución del monto aplazado, algunos bancos y administradores hipotecarios aplicaron interpretaciones restrictivas. Así, la medida resultó insuficiente para quienes necesitaban más flexibilidad.

Las restricciones de la ley AB 238 dejaron a muchos damnificados sin acceso flexible al alivio hipotecario prometido tras los incendios (REUTERS/Daniel Cole)

Testimonios de damnificados con disparidad en la aplicación

Numerosos damnificados relataron su dificultad para acceder a las medidas de alivio. Algunos informaron que, si no aceptaban devolver el dinero en una sola suma, eran forzados a someterse a modificaciones de préstamo que podían derivar en un aumento de tasa.

Harabedian detalló que la mayoría de los obstáculos surgieron de empresas que administran hipotecas en nombre de los prestamistas, mientras que grandes instituciones como Bank of America ofrecieron condiciones más favorables.

Por su parte, Len Kendall, quien perdió su hogar en Pacific Palisades, manifestó incertidumbre acerca del impacto de la nueva legislación en su caso, especialmente respecto a los términos de pago.

Además Kendall destacó la falta de mecanismos eficaces para exigir el cumplimiento de la ley a prestamistas y administradores, señalando que actualmente no existe un órgano cuya función sea sistemática rendición de cuentas.

Iniciativas de entidades financieras y nuevo marco propuesto

Algunas entidades, como Bank of America, tomaron la iniciativa y, desde diciembre, otorgan hasta 36 meses de alivio hipotecario a los afectados sin alterar la tasa de interés, respuesta evaluada como más generosa respecto a otros administradores, los cuales no ofrecieron opciones flexibles ni ajustadas a la situación de los damnificados, de acuerdo con testimonios recogidos.

El nuevo marco propuesto por AB 1847 busca institucionalizar este tipo de soluciones, obligando a todos los actores del sector hipotecario a ofrecer alternativas similares y evitando que la buena voluntad de ciertas entidades dependa de políticas internas o circunstancias particulares.

Testimonios revelaron que los mayores obstáculos para obtener alivio hipotecario en zonas como Pacific Palisades, provienen de administradores de hipotecas y no de grandes bancos (REUTERS/Daniel Cole)

Supervisión estatal y limitaciones regulatorias

El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés) ha recibido cientos de quejas por la falta de cumplimiento en la aplicación de medidas de alivio hipotecario.

Ante esto, el gobernador Gavin Newsom informó que la agencia resolvió el 92% de los casos a favor de los consumidores, cifra atribuida a procesos de mediación y supervisión del cumplimiento básico de la normativa, aunque el DFPI aclara que solo puede intervenir cuando detecta patrones de prácticas engañosas o abusivas de alcance estatal.

Afectados como Kendall señalaron que esta intervención no garantiza resultados individuales y destacan que no se han anunciado acciones regulatorias contra prestamistas o administradores hasta la fecha.

Nueva ley de alivio hipotecario de emergencia

El mismo día en que presentó la AB 1847, Harabedian introdujo la Ley de Alivio Hipotecario de Emergencia de California (California Emergency Mortgage Relief Act), identificada como AB 1842.

Esta iniciativa propone que el alivio hipotecario se extienda automáticamente a propietarios cuyas viviendas se tornen inhabitables tras la declaración de un estado de emergencia, tanto por el gobernador como por el gobierno federal.

Sumado a que obliga a los administradores de hipotecas a informar mensualmente al DFPI sobre la cantidad de solicitudes de prórroga recibidas, aprobadas y rechazadas, junto con los motivos de las negativas, y habilita a cualquier prestatario afectado por un incumplimiento a recurrir a la vía judicial contra la entidad administradora de su crédito.

La nueva Ley de Alivio Hipotecario de Emergencia, AB 1842, obligaría a administradores de hipotecas a informar mensualmente sobre solicitudes de ayuda tras desastres (EFE/ Ana Milena Varón)

Si se promulgan, las enmiendas propuestas a AB 238 entrarían en vigencia de inmediato. El despacho del asambleísta Harabedian desarrolló estos proyectos en consulta con las principales asociaciones del sector bancario y de hipotecas con sede en California, aunque aún no está claro si contarán con su respaldo.

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