Estados Unidos entró en situación de parálisis presupuestaria a la medianoche del viernes, aunque se prevé que el cierre parcial del gobierno sea breve y termine tras una votación prevista para el lunes en el Capitolio.
Este nuevo “shutdown” se produce apenas tres meses después del cierre gubernamental más largo en la historia del país, ocurrido entre octubre y noviembre del año pasado. El Senado aprobó en la tarde un proyecto presupuestario, pero el texto aún debe recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, que resolverá a comienzos de la semana.
Las consecuencias de la parálisis se esperan que sean mínimas, ya que la interrupción podría limitarse al fin de semana y no implicaría el envío masivo de funcionarios a licencia sin sueldo.
El desencuentro que demoró el acuerdo en un principio se debió a la resistencia de la oposición demócrata a aprobar fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte de dos manifestantes durante operaciones de antinmigración en Minnesota.
El texto avalado el viernes en el Senado, con 71 votos a favor y 29 en contra, es fruto de un acuerdo entre los senadores demócratas y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La oposición aceptó aprobar cinco de los seis apartados del presupuesto, mientras que el financiamiento para el DHS será objeto de nuevas negociaciones en las próximas dos semanas.
Debido a las reglas de la Cámara Alta, se requerían 60 votos de 100 para aprobar el presupuesto. Aunque los republicanos tienen la mayoría, necesitaban el respaldo de varios senadores de la oposición para avanzar con el texto.
La Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca solicitó el viernes por la noche a los departamentos que activaran sus planes para un cierre, aunque expresó su esperanza de que “sea breve”.
El proyecto presupuestario parecía avanzar hacia su aprobación antes del plazo del 31 de enero. Sin embargo, los hechos ocurridos el sábado pasado en Minneapolis alteraron el panorama político. La muerte de Alex Pretti, sumada al fallecimiento de Renee Good días antes, ambos a manos de agentes migratorios, generó indignación dentro de la clase política estadounidense.
El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expuso el viernes las demandas de su partido y sostuvo que es necesario “frenar a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y poner fin a la violencia”. Entre las medidas reclamadas figura la prohibición del uso de pasamontañas por parte de los agentes federales. “Basta de policía secreta”, reclamó Schumer en el recinto parlamentario.
Los republicanos respondieron con sus propias demandas, incluyendo restricciones a las llamadas ciudades santuario que, según argumentan, no hacen suficiente para hacer cumplir las leyes migratorias.
El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, bloqueó inicialmente el paquete presupuestario el jueves por la noche al retener el consentimiento unánime necesario para acelerar la votación en el Senado. Graham expresó objeciones a la medida provisional para Seguridad Nacional y al lenguaje aprobado por la Cámara de Representantes que impide a los senadores demandar al Departamento de Justicia si sus registros telefónicos fueron incautados durante investigaciones previas, refiriéndose a la polémica investigación Arctic Frost sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
El viernes por la mañana, Graham anunció que permitiría el avance del proyecto de ley de financiamiento si los líderes del Senado se comprometían a someter a votación una legislación de su autoría para endurecer las normas contra las ciudades santuario. Si la medida se promulga, los legisladores tendrán solo dos semanas para negociar un proyecto de financiamiento anual para Seguridad Nacional, un proceso que ambos partidos admiten será políticamente complejo.
Pese a la entrada en vigor del nuevo “shutdown”, se considera improbable que se repita la experiencia del año pasado, cuando el país vivió el cierre gubernamental más prolongado de su historia.
Durante ese período, republicanos y demócratas disputaron durante 43 días por temas como las subvenciones a los seguros de salud; cientos de miles de empleados públicos quedaron en suspensión temporal y otros, considerados esenciales, debieron seguir trabajando, aunque todos recibieron sus salarios al finalizar la parálisis presupuestaria.
(Con información de AFP)