Una pareja de Plymouth, Michigan, enfrenta cargos federales por presuntamente emplear a más de 200 inmigrantes indocumentados en su empresa nacional de plomería, generando ingresos estimados en 74 millones de dólares y alojando a muchos de los trabajadores en moteles y viviendas precarias, según documentos judiciales presentados en Nueva York.
El caso, derivado de una extensa investigación federal de cinco años, involucra a Moises y Raquel Orduna-Rios, propietarios de Orduna Plumbing Inc., quienes podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas millonarias.
El proceso judicial, revelado públicamente el martes 18 de noviembre, señala que la investigación comenzó cuando agentes federales detectaron una de las camionetas de la empresa estacionada en un motel de Amherst, Nueva York. Allí, los agentes arrestaron a un grupo de inmigrantes indocumentados, quienes identificaron como su “jefe” a Moises Orduna-Rios, presidente de la compañía con sede principal en Michigan y operaciones en Nueva York, Carolina del Norte y Ohio.
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A través de seguimientos, monitoreo de transacciones financieras e interceptaciones telefónicas, los agentes recopilaron pruebas contra la pareja durante varios años. Según el expediente judicial, los empleados ilegales recibían entre 800 y 1.500 dólares semanales y, en ocasiones, se les cubrían gastos de vivienda.
Comunicación con los trabajadores
La acusación federal incluye mensajes entre Orduna-Rios y sus trabajadores, donde se discutían aspectos como nóminas, uso adecuado de los vehículos y tarjetas corporativas, pero también inquietudes sobre su estatus migratorio y estrategias para evitar la detección de las autoridades migratorias.
En uno de los mensajes enviados el 1 de febrero, el empresario advirtió a sus empleados: “con toda la controversia que hay, es mejor estar listos, conduzcan respetando los límites de velocidad, limítense para ir a la tienda, sólo hagan lo mínimo de diligencias y no hagan ninguna reunión como parrilladas…”, citó USA Today.
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Menos de nueve meses después de esa advertencia, los Orduna-Rios comparecerían ante un tribunal federal, acusados de conspiración, traslado y albergue de inmigrantes indocumentados con fines comerciales y lavado de dinero.
Condiciones laborales y alojamiento
De acuerdo con la fiscalía, entre 2022 y 2024, Orduna Plumbing empleó a 253 personas, de las cuales sólo seis contaban con autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Los documentos judiciales indican que los acusados recolectaban los pasaportes de los trabajadores y los alojaban en condiciones de hacinamiento, en casas o habitaciones de moteles.
En un operativo en Nueva York, los agentes encontraron cinco camionetas de la empresa fuera de una casa amarilla y a nueve trabajadores viviendo en apenas tres habitaciones. Durante la investigación se arrestaron a 23 empleados indocumentados.
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En diciembre de 2024, un agente encubierto contactó con un trabajador de Orduna Plumbing en un depósito de vehículos. El empleado ofreció alojamiento, herramientas y hasta una cuadrilla pequeña. Después de confirmar que el interlocutor se encontraba en el país de manera ilegal, aseguró que eso “no era un problema” para ofrecerle empleo.
Los mensajes entre el empresario y sus empleados también incluían normativas sobre el mantenimiento de las viviendas y hoteles. Orduna-Rios insistía en la limpieza y en el comportamiento dentro de los inmuebles.“No salgan de la van con lodo en los zapatos, no dejen basura cuando se vayan del cuarto, ME COBRAN POR ESO, no activen ninguna alarma, ME COBRAN SI LO NOTAN”, instruía a su personal.
Además, aconsejaba precaución ante posibles redadas de; ICE: “no se preocupen por los trabajos, estuve investigando y no pueden entrar en los proyectos a menos que tengan una orden y notifiquen a la constructora. Si alguien me avisa, yo se los haré saber... Para más seguridad, todos tengan mucho cuidado”.
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El propio Orduna-Rios difundió un mensaje extraído de sitios de derechos migratorios, recordando a sus trabajadores que “los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen ciertos derechos según la ley migratoria, incluidos el derecho al debido proceso, a un abogado y a guardar silencio. Estos derechos aplican para todos sin importar su estatus migratorio”.
Moises y Raquel Orduna-Rios, ahora en libertad bajo fianza, aguardan su próxima comparecencia en un tribunal federal de Nueva York el 2 de diciembre. Los cargos podrían suponer para ambos una década de prisión y una multa de hasta 3.000 dólares por cada trabajador indocumentado contratado.
Por el momento, no se ha registrado representación legal para los acusados, y no ha sido posible contactarlos para obtener su versión.
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