El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá aranceles adicionales y limitará las exportaciones de tecnología y chips a aquellos países que mantengan impuestos digitales que, según su administración, perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.
Trump sostuvo que esas medidas de gobiernos extranjeros buscan discriminar o dañar la posición de las compañías estadounidenses en el mercado global.
“Las tasas, leyes y regulaciones digitales están diseñadas para perjudicar a la tecnología de Estados Unidos” y aseguró que si no son retiradas, ordenará “aranceles adicionales sustanciales” sobre los productos exportados a Estados Unidos y aplicará “restricciones a las exportaciones” de tecnología y chips al extranjero.
La advertencia del presidente estadounidense tiene como destinatarios a países europeos, donde la Unión Europea estableció normativas como la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales para regular la competencia, la moderación de contenidos y la fiscalidad de servicios digitales.
Además, Trump ha criticado de manera reiterada los intentos de Canadá de aplicar un impuesto a los servicios digitales, una posición que llevó al gobierno canadiense a desistir de esa política tras la presión ejercida por Estados Unidos.
“Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no serán ni la fuente de financiación ni la alfombrilla del mundo. Quienes no muestren respeto a Estados Unidos y sus grandes empresas tecnológicas deberán enfrentar las consecuencias”, afirmó Trump en su publicación.
Protagonistas del sector, como las firmas Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft y Apple, se mantienen en el centro del debate, junto a sus directivos que han iniciado diálogos públicos con Trump tras el cambio de signo en la Casa Blanca.
El gobierno estadounidense identifica como medidas discriminatorias no solo a los impuestos existentes, sino también a proyectos regulatorios en desarrollo por parte de socios europeos como España, Francia, Italia y el Reino Unido. Trump advirtió que, si estas acciones no son retiradas por los gobiernos señalados, avanzará con nuevas tarifas y restricciones de exportación.
El contexto internacional muestra que Estados Unidos ya ha recurrido antes a instrumentos similares. En febrero, la administración republicana firmó una orden ejecutiva que reabría investigaciones sobre la aplicación de impuestos a servicios digitales en varios países. Las sanciones comerciales incluyen tarifas diferenciadas por sector, con acciones específicas sobre ramas como el acero, aluminio y automóviles. Para algunos productos provenientes de países como India, Trump duplicó los aranceles en respuesta a situaciones de política exterior, como la compra de petróleo ruso por parte del gobierno indio.
El conflicto con la Unión Europea gira principalmente en torno a regulaciones diseñadas para limitar la posición dominante de las empresas estadounidenses y garantizar la competencia en el sector digital. Las autoridades europeas sostienen que estos marcos legales son esenciales para ofrecer un entorno más seguro y transparente, argumentando que permiten combatir prácticas monopólicas y proteger a los usuarios de internet.
Desde el gobierno estadounidense se sostiene que “la tecnología china recibe un trato privilegiado en muchos países, mientras se penaliza a las compañías de nuestro país”.
“No aceptaremos que nuestros principales socios económicos discriminen o dificulten el acceso de nuestras tecnológicas al mercado”, añadió Trump.
En el caso de Canadá, la última confrontación se resolvió en junio, cuando el gobierno de Mark Carney optó por no avanzar con nuevos impuestos a servicios digitales que habrían afectado a multinacionales estadounidenses. La suspensión de nuevas tasas coincidió con la anulación de conversaciones comerciales bilaterales por parte del equipo de Trump.
El liderazgo de la Casa Blanca sostiene que cada país que aplique un gravamen digital deberá considerar las consecuencias de cara al comercio con Estados Unidos. Las restricciones a la exportación de chips y productos tecnológicos fueron planteadas como respuesta directa a esa política fiscal, aunque además aparecen en el marco de una agenda mayor dedicada a la protección de los intereses de la industria nacional.
(Con información de EFE y AFP)