Un informe de 60 fojas presentado por un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), asegura que Nicolás Maduro multiplicó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela para perpetuarse en el poder.
“El Panel concluye que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico: el momento en que el Estado venezolano pasó de la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad a la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente desarrollada que mantiene el poder mediante el miedo, la violencia y la supresión”, sostienen los expertos en su informe 2025 sobre la situación institucional en Venezuela.
Y añade: “Esta fase se define por la centralización de la represión en el poder judicial —donde los opositores políticos son procesados en procedimientos masivos y opacos— y la expansión paralela de la coerción extrajudicial, incluyendo el despliegue formal de grupos armados irregulares (colectivos)“.
La presentación del informe especial fue liderada por Luis Almagro -secretario General de la OEA-, junto a los expertos Santiago Cantón, Irwin Cotler, Manuel Ventura Robles y Joanna Frivet.
“Lo que estamos viendo ya no son abusos fragmentados”, aseguró Santiago Cantón, Presidente del Panel. “Es una arquitectura deliberada de represión para erradicar toda forma de resistencia.”
En este contexto, los cuatro expertos en derechos humanos reiteraron la necesidad de lograr que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que ejecuta el regimen caribeño y formule cargos contra Maduro y los responsables directos de la represión ilegal en Venezuela.
El informe de la OEA describe a la desaparición forzada de personas como una táctica recurrente de la dictadura para imponer un clima de terror que acote las protestas sociales en las calles de Venezuela.
“El surgimiento de la desaparición forzada generalizada como herramienta de represión representa un profundo deterioro y una regresión a algunos de los capítulos más oscuros de la historia de la región”.
La referencia histórica no es casual: América Latina sufrió golpes de Estados y violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante todo el siglo XX, y se pensaba que ese oscuro período ya había quedado superado.
Maduro y su ejercicio del poder recuerda esos años, adonde la vida no valía nada por los aparatos represivos ilegales que operaban bajo las órdenes de Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner o Fidel Castro.
“A pesar de los repetidos ciclos de protesta, negociación y compromiso internacional —incluida la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) y la firma de sucesivos acuerdos con la oposición política—, no se ha registrado ningún avance. La represión no ha disminuido, sino que se ha profundizado“, afirmaron los expertos en la presentación oficial.
Desde esta perspectiva, el informe sostiene:
“-(A). La desaparición forzada como nueva política de Estado: Se documentaron al menos 27 casos de desaparición forzada durante el período poselectoral.
Las víctimas fueron secuestradas por agentes del Estado, privadas de protección legal y mantenidas en régimen de incomunicación, lo que demuestra una estrategia calculada para aterrorizar y silenciar a la oposición.
“(B). Asesinato de manifestantes confirmado por el Estado: Al menos 28 civiles desarmados fueron asesinados durante las protestas postelectorales. Las víctimas generalmente recibían disparos en la cabeza, el pecho o la espalda con munición real. La mayoría de los perpetradores permanecen sin identificar, aunque los testimonios coincidentes implican a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía regional y los colectivos.
-(C). Escala sin precedentes de detenciones arbitrarias, acompañada de denuncias de tortura y violencia sexual: Más de 2400 personas fueron detenidas en un período de nueve días. Al menos 1848 civiles fueron detenidos arbitrariamente después de las elecciones".
El panel de expertos no sólo describió los mecanismos de desaparición forzada del regimen, sino además se enfocó en la captura de presos políticos que realiza la dictadura para frenar a la oposición.
“En febrero de 2025, el número de presos políticos en Venezuela ascendía a 1.196. Líderes de la oposición, organizadores de campañas, testigos electorales y ciudadanos comunes han sido procesados por cargos falsos de terrorismo y conspiración", denuncia la presentación.
Y agrega para cerrar el círculo: “Los allanamientos nocturnos, los allanamientos de morada sin orden judicial y las inspecciones de dispositivos digitales en los puestos de control se emplearon para inducir terror psicológico, especialmente en barrios con tendencia opositora".
A su vez, el panel detalla la actual influencia del aparato represivo, ante el crecimiento de la protesta social por la situación económica y el fraude electoral cometido por Maduro para permanecer en el poder.
“Los grupos civiles armados, conocidos como colectivos, asumieron roles directos en la represión. Anteriormente aliados informales, ahora funcionan como actores facilitados por el Estado que participan en allanamientos de morada, palizas, arrestos y ejecuciones extrajudiciales. Sus operaciones coordinadas con unidades policiales y militares reflejan respaldo institucional. La negativa del Estado a investigar o desmantelar estos grupos subraya su complicidad", concluye el informe de los expertos internacionales.