En un fallo que reaviva el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado en Estados Unidos, el juez federal John W. deGravelles bloqueó temporalmente una ley en Louisiana que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas y universidades estatales.
La ley, aprobada en junio de este año y conocida como H.B. 71, había sido impulsada por el gobernador republicano Jeff Landry, quien aboga por integrar aspectos de la fe cristiana en espacios de la vida pública, una característica central de su plataforma política. La decisión judicial responde a una demanda interpuesta por un grupo de familias de diversas creencias religiosas, según confirmó CBS News.
La normativa H.B. 71 requería que todos los salones de clases en escuelas públicas y universidades financiadas por el estado de Louisiana tuvieran un cartel visible de los Diez Mandamientos en una tipografía grande y legible. Los carteles debían medir al menos 28 x 36 centímetros y debían incluir tres párrafos adicionales, indicando que los mandamientos fueron una parte fundamental de la educación pública en los Estados Unidos durante casi tres siglos.
De acuerdo con CNN, la ley tenía previsto entrar en vigor el 1 de enero de 2025, y su implementación fue aprobada por la legislatura estatal y posteriormente firmada por el gobernador Landry en junio de 2024. Con esta medida, Louisiana se convirtió en el primer estado en más de 40 años en intentar implementar una normativa similar a una ley de Kentucky que en 1980 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Stone v. Graham.
Según los defensores de H.B. 71, esta medida pretende reinsertar un símbolo histórico y cultural en los espacios educativos de Louisiana, y argumentan que los mandamientos no son únicamente un texto religioso, sino que representan principios morales y legales que fundamentan parte del sistema de valores estadounidense.
Razones de la Inconstitucionalidad
El juez deGravelles, designado por el expresidente Barack Obama, determinó que H.B. 71 viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, específicamente las cláusulas de libertad de ejercicio y de establecimiento de religión. Según el fallo, la ley es “inconstitucional en su totalidad y en todas sus aplicaciones”, ya que obliga a los estudiantes de todas las aulas públicas a exponerse a una declaración religiosa, sin opción práctica de evitarla.
DeGravelles describió la normativa como “coercitiva” para los estudiantes, argumentando que la imposición de ver los Diez Mandamientos en cada salón de clases, día tras día, representa una carga emocional y psicológica sobre los estudiantes, particularmente para aquellos de diversas creencias o sin afiliación religiosa, citó The New York Times.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con otras organizaciones como Americans United for Separation of Church and State y Freedom From Religion Foundation, presentó la demanda en nombre de varias familias de diversas afiliaciones religiosas —incluyendo judíos, unitarios universalistas, cristianos y personas no religiosas— que consideraban que la ley constituía una imposición religiosa del estado sobre sus hijos.
En la denuncia, los demandantes argumentaron que la ley discrimina a los estudiantes que no profesan la fe cristiana, imponiendo un texto que tiene un valor religioso particular y que, en consecuencia, vulnera los derechos de libertad religiosa garantizados por la Primera Enmienda. Además, en la queja, se incluyeron declaraciones de los padres afectados, quienes insistieron en que la educación pública debería ser un espacio secular y neutral, en el cual la formación religiosa quede en manos de las familias y comunidades de fe correspondientes.
Según la ACLU, la demanda tiene como objetivo asegurar que el gobierno mantenga una postura de neutralidad religiosa en espacios públicos, y evitar cualquier interpretación de que una religión tiene preferencia sobre otra dentro de las aulas públicas.
“El principal interés del estado en aprobar H.B. 71 fue imponer creencias religiosas a los estudiantes, sin considerar el daño potencial a las familias”, se lee en la denuncia. Además, Dodie Horton, autora de la ley y representante en la legislatura estatal, declaró en debates previos que la ley pretendía “mostrar la ley de Dios en el aula para que los niños vean lo que Él considera correcto e incorrecto”.