A un año de la masacre de Uvalde, la investigación aún no arroja respuestas y fractura a una comunidad ya dividida

A un año de la masacre de Uvalde, los familiares de las víctimas aún no obtienen respuestas.

Este miércoles se cumple un año desde que un hombre armado de 18 años mató a 19 niños y dos maestros dentro de un salón de clases de cuarto grado en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. Una investigación criminal sobre la lenta respuesta de la policía al tiroteo sigue en curso, entre otras que también corren de manera paralela.

La investigación de la fiscal de distrito, Christina Mitchell, todavía no concluye si se deben presentar cargos contra los oficiales que esperaron durante más de una hora antes de ingresar al salón de clases donde el tirador se escondió. Mitchell dijo que tiene la intención de presentar cualquier evidencia de irregularidades criminales ante un gran jurado, pero pueden pasar meses.

Tampoco se completó aún un estudio médico para determinar si una respuesta más rápida podría haber salvado a alguno de los niños. El Departamento de Justicia también sigue trabajando en su investigación sobre la respuesta policial.

Además, se interpusieron desafíos legales sobre las autoridades en Uvalde que continúan ocultando registros públicos relacionados con el tiroteo y la respuesta policial.

El lunes, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, dijo que estaba frustrado por el ritmo de las investigaciones: “No tienen respuestas a preguntas simples que deberían tener”.

El control de las armas, en el centro de la lucha

Entre tanta incertidumbre, esta ciudad de Texas comenzó a fraccionarse aún más, entre aquellos familiares y activistas que reclamar restricciones a las armas de fuego de manera urgente, y quienes están totalmente en contra de cualquier ley que restrinja en lo más mínimo un derecho que ellos creen amparado por la segunda enmienda.

Ha habido 553 asesinatos en masa en Estados Unidos desde 2006, y al menos 2.880 personas han muerto, según una base de datos de The Associated Press y USA Today en asociación con la Universidad Northeastern.

En las últimas seis décadas, el estado de Texas ha sido el escenario de al menos 20 tiroteos masivos. Han muerto más de 200 personas y han resultado heridas unas 240. Pero, en vez de restringir el acceso a las armas, los líderes estatales han aliviado las restricciones sobre el porte público y hasta dificultan que los gobiernos locales puedan regular al respecto.

Un mes después del tiroteo, Joe Biden convirtió en ley un proyecto de armas bipartidistsa, la medida más importante que se ha aprobado en el Congreso en casi tres décadas, aunque no llega a las propuestas de control de armas más restrictivas que favorecen los demócratas. Esta legislación amplía el sistema de verificación de antecedentes para posibles compradores de armas menores de 21 años; reserva millones de dólares para que los estados puedan financiar programas de intervención, como salud mental y tribunales de drogas, entre otras medidas.

Pero en el Capitolio de Texas, los republicaron rechazaron este año prácticamente todas las propuestas para endurecer las leyes de armas. Los demócratas y familiares de las víctimas protestaron, pero poco pudieron hacer en un estado en el que a los cinco meses de la masacre fue elegido como gobernador el republicano Greg Abbott en vez de Beto O’Rourke, quien había prometido un control de armas más estricto. Abbott también rechazó los pedidos de leyes de armas más estrictas.

Un análisis del medio sin fines de lucro ProPublica y The Texas Tribune encontró que en los últimos 60 años, al menos dos docenas de medidas no aprobadas en la legislatura estatal habrían impedido que las personas obtuvieran legalmente las armas, incluidos rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad, utilizados en siete de los tiroteos masivos del estado.

Cientos de agentes, una respuesta vacilante

La masacre de Uvalde ha sido el tiroteo en una escuela más mortífero de Texas, y todos los estudiantes asesinados tenían entre 9 y 11 años. Los días posteriores, las autoridades estatales y del distrito complicaron la tragedia al dar versiones inexactas y contradictorias sobre la respuesta policial.

En julio de 2022, dos meses después del tiroteo, un informe realizado por legisladores texanos reveló que 376 agentes de agencias federales, estatales y locales acudieron rápidamente al sitio durante el ataque, pero “una toma de decisiones extremadamente mala” resultó en más de una hora de caos antes de que el tirador fuera confrontado y abatido.

El reporte es explícitamente condenatorio: “En Robb Elementary, los encargados de hacer cumplir la ley no se adhirieron a su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar vidas inocentes sobre su propia seguridad”.

Al menos cinco oficiales fueron despedidos o renunciaron después del tiroteo. Gran parte de la culpa fue atribuida a Pete Arredondo, jefe de policía de la escuela de Uvalde, quien fue despedido tres meses después del tiroteo. Uno de los que lideró la acusación contra Arredondo fue el coronel Steve McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas. McCraw tenía más de 90 oficiales propios en la escuela, más que cualquier otra agencia.

Un año después

A un año de la masacre, el campus de Robb Elementary fue clausurado por el distrito escolar de Uvalde, y se espera la construcción de otra escuela. Mientras, los estudiantes fueron repartidos entre otras instituciones, que permanecerán cerradas el miércoles por el aniversario.

Los niños que sobrevivieron al atque fueron, de a poco, volviendo a las aulas. Algunos lo hicieron de manera presencial, pero otros optaron por la virtualidad, como una niña que debió pasar meses internada luego de recibir varios disparos.

El jueves pasado, algunos padres de las víctimas ingresaron por primera vez a la escuela donde sus hijos fueron asesinados hace casi un año. Estuvieron meses pidiendo permiso hasta que el distrito se los concedió.

En una ciudad dividida entre quienes quieren olvidar la tragedia y preguntan cuándo se podrá retirar el memorial de la plaza principal, y entre quienes buscan inmortalizar a los seres queridos que murieron innecesariamente, las 21 víctimas de la masacre se alzan orgullosas entre murales vibrantes realizados por artistas de todo el estado.

Jacklyn Cazares, de nueve años, sonríe entre flores y colibríes, mientras que Rojelio Torres, de diez, emerge desafiante entre sus Pokémon favoritos. El título de una de las obras convierte una orden en una consigna: “Recuerda sus nombres”.

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