Denuncia a la sanidad andaluza que sufre acoso laboral y lo suspenden de empleo

La demanda interpuesta por el técnico de mantenimiento del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla argumenta que, tras activar los protocolos internos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para denunciar un presunto acoso laboral, la administración sanitaria respondió con la apertura de un expediente disciplinario y la imposición de una sanción de suspensión de 200 días de funciones. Según informó EFE, el trabajador sostiene que su acción de denuncia motivó estas medidas disciplinarias, configurando un caso de represalia y vulneración de derechos fundamentales.

De acuerdo con la documentación presentada ante los tribunales, a la que EFE tuvo acceso, el trabajador atribuye su situación actual a una serie de incidentes de hostigamiento en el entorno laboral que ya se habrían producido en un destino previo, bajo la autoridad de uno de los responsables también señalados en la demanda. Tras solicitar el traslado debido a estos hechos, la situación habría persistido luego de incorporarse al Hospital Virgen del Rocío, específicamente desde 2023, donde, según su relato, volvió a enfrentar insultos, humillaciones públicas, amenazas, gritos e, incluso, intentos de agresión física.

El relato contenido en la demanda detalla que la conducta denunciada por el empleado implicaría actos reiterados de desvalorización profesional y malos tratos por parte de sus superiores jerárquicos. El trabajador apunta a que estos episodios han impactado directamente en su estado de salud, hasta el punto de generar episodios recurrentes de ansiedad, los cuales han sido acreditados mediante informes médicos periciales, de acuerdo con lo señalado por el medio EFE. Esta circunstancia lo ha llevado a encontrarse en situación de baja laboral prolongada.

Según publicó EFE tras consultar al abogado del trabajador, Alberto López Vela, socio de Lavora Abogados Laboralistas, la respuesta institucional ante las denuncias se centró, no en la protección o investigación de los hechos denunciados, sino en la apertura de actuaciones informativas reservadas en las que el denunciante pasó a ser considerado objeto de investigación. La demanda apunta que, tras una comunicación verbal y sin resolución escrita, el protocolo de acoso laboral quedó archivado, sin que se adoptaran medidas dirigidas a salvaguardar la integridad del empleado.

Meses más tarde, la dirección del hospital inició un expediente disciplinario contra el trabajador dirigido a hechos presuntamente cometidos entre 2023 y 2024, los cuales nunca habían sido objeto de sanción con anterioridad. Este proceso concluyó el 20 de enero con la imposición de una sanción de suspensión de funciones durante 200 días, argumentando la existencia de faltas graves. Según explicó el letrado a EFE, esta medida institucional transforma la condición del trabajador, de presunta víctima de acoso a persona considerada conflictiva en el entorno laboral.

La demanda denuncia la supuesta vulneración de la "garantía de indemnidad", es decir, del derecho a no sufrir represalias por ejercer derechos laborales, principio respaldado por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según detalló EFE. Como parte del procedimiento judicial, se incorporó un informe psicológico que vincula directamente el actual trastorno adaptativo con ansiedad del trabajador a su entorno laboral.

El objetivo de la demanda presentada por el técnico es lograr el reconocimiento del daño causado en sus derechos fundamentales y solicitar la adopción de medidas orientadas a restaurar la situación, así como evitar nuevas actuaciones que pudieran suponer agravios adicionales. El letrado López Vela manifestó al medio EFE que, a juicio de la demanda, la administración no solo no habría protegido al trabajador frente a la situación de acoso denunciada, sino que, al consentirla y sancionarlo posteriormente, habría contribuido a profundizar el perjuicio sufrido.

El procedimiento judicial continúa abierto, y en sus argumentos la representación legal del técnico vuelve a recalcar que, mientras el objetivo de los mecanismos internos consiste en prevenir y erradicar conductas contrarias a la dignidad de los empleados, el caso expuesto evidencia un uso de los mismos mecanismos contra el denunciante. Según el relato incluido por EFE, cuando el empleado recurrió al procedimiento institucional para denunciar el hostigamiento, en vez de medidas eficaces de protección, la administración procedió a investigar y disciplinar al propio trabajador.

El seguimiento del caso permanece bajo atención judicial, y las partes implicadas esperan la resolución sobre las posibles vulneraciones de derechos y sobre la adecuación de las respuestas administrativas en el marco de las denuncias por acoso laboral en instituciones públicas sanitarias, según indicó EFE.