
Durante una reunión oficial con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, en París, Pablo Bustinduy abordó su preocupación por la influencia de empresarios tecnológicos internacionales en los asuntos internos de España, vinculando estos temas a la controversia sobre la regulación de plataformas digitales. Según consignó Europa Press, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 cuestionó la posición que, a su juicio, ha adoptado Vox en este contexto, argumentando que el partido prioriza intereses externos sobre la autonomía nacional. Bustinduy vinculó estas afirmaciones con el respaldo declarado de Vox tanto al propietario de X, Elon Musk, como al fundador de Telegram, Pável Dúrov, después de que estos empresarios manifestaron críticas hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años y establecer controles más estrictos sobre los contenidos considerados de odio o ilegales.
Bustinduy sostuvo, según reportó Europa Press, que cada vez que figuras empresariales extranjeras emiten ataques o críticas hacia España, la reacción de Vox supone, en sus propias palabras, “ponerse del lado del oligarca”. El ministro caracterizó como “falso” el patriotismo exhibido por Vox y afirmó que esa postura convierte al país en un “vasallo” en el ámbito internacional, desdibujando la soberanía nacional frente a actores externos. En su argumento, remarcó que las acciones de la formación opositora estarían encaminadas a “desmantelar” la democracia europea desde el interior, tomando como referencia las alianzas ideológicas y discursivas que, a su juicio, tienen con figuras empresariales como Musk y Dúrov.
En su intervención, Bustinduy profundizó en la naturaleza de las recientes críticas que los propietarios de X y Telegram lanzaron contra el Gobierno español, especialmente después del anuncio de nuevas regulaciones planteadas para el entorno digital. Estas medidas incluyen la posibilidad de restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y la implementación de mecanismos para actuar contra la proliferación de contenidos considerados ilegales o de odio en las plataformas digitales. De acuerdo con Europa Press, Bustinduy consideró que dichas iniciativas gubernamentales responden a la necesidad de proteger a la población más joven y fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante los retos que presentan las grandes tecnológicas multinacionales.
El ministro insistió, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, en la importancia de que la democracia española recupere herramientas efectivas de gobernanza sobre el espacio digital, argumentando que el control de la información y los flujos comunicacionales no puede depender de intereses privados externos. Al referirse a la acción de magnates como Elon Musk y Pável Dúrov, Bustinduy advirtió que su pretensión de intervenir en la esfera pública española representa un intento de “desestabilizar la democracia” del país y de condicionar el acceso de los ciudadanos a la información.
Bustinduy manifestó que esta situación exige una respuesta coordinada y basada en la reafirmación del proyecto europeo, haciendo hincapié en la defensa de un “estado social” como base para una identidad propia frente a los intereses de grandes fortunas tecnológicas. En esa línea, abogó por consolidar una regulación clara y eficaz, con mecanismos de control y supervisión que permitan proteger el ámbito digital como espacio democrático y garantizar la soberanía digital e informativa de la ciudadanía.
Las declaraciones del titular de Derechos Sociales, recogidas por Europa Press, representan una reacción directa ante el debate creciente por el papel de las plataformas tecnológicas, la protección de la infancia en el entorno digital y la relación de fuerzas entre actores políticos nacionales y empresarios globales. Las acusaciones de Bustinduy contra Vox buscan destacar la tensión existente entre distintos modelos de gobernanza: mientras la propuesta del Gobierno enfatiza la necesidad de intervención institucional para proteger derechos y valores democráticos, los sectores aliados a intereses empresariales abogan por reducir regulaciones y salvaguardar la “libertad” en internet.
La polémica también surge en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre el poder y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la gestión de contenido, la moderación en línea y el impacto de sus decisiones en sociedades democráticas. El ministro remarcó que la recuperación de la soberanía en materia digital y comunicativa no solo constituye un desafío nacional, sino que está íntimamente vinculada a la capacidad de Europa para definir sus marcos normativos y proteger los principios fundacionales de sus democracias frente a la entrada de grandes capitales privados extranjeros.
Durante la jornada en París y a través de diferentes intervenciones públicas, Bustinduy reiteró la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el impulso de políticas públicas robustas para asegurar que los intereses de los ciudadanos y las instituciones prevalezcan sobre los de los “oligarcas extranjeros”. Según el relato de Europa Press, la posición del ministro subraya la voluntad del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo de gobernanza digital donde la protección de menores, la supervisión de contenidos y el fortalecimiento del estado social resulten prioritarios frente a las presiones externas.


