Acusados de construir narcolanchas en Vigo y Portugal cuestionan la competencia del tribunal y la validez de las pruebas

Entre las alegaciones presentadas por las defensas, varios abogados de los once acusados señalaron que no habían tenido acceso a toda la documentación procesal y que la acústica deficiente en la sala interfería con el correcto entendimiento de las intervenciones. Esta referencia a indefensión se sumó a una batería de argumentos que expusieron durante la vista celebrada este lunes, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la que solicitaron la suspensión del juicio por considerar que este tribunal carece de competencia para juzgar los hechos relacionados con la presunta construcción y venta de embarcaciones rápidas destinadas al narcotráfico, según publicó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, los once imputados, junto a una empresa de transportes con sede en O Porriño, enfrentan cargos por presunto contrabando de embarcaciones prohibidas. El foco de la acusación es la elaboración y comercialización de lanchas semirrígidas de alta velocidad, conocidas como 'narcolanchas', que tendrían como destino operaciones de narcotráfico en costas españolas. Los implicados se sentaron este lunes ante la Audiencia Provincial de Pontevedra tras una investigación que abarca hechos presuntamente ocurridos entre septiembre de 2020 y junio de 2022 en Vigo, el norte de Portugal y otras zonas de España, como Alicante, Barcelona, Tarragona, Toledo y Sevilla.

Los abogados defensores solicitaron la nulidad de las actuaciones judiciales, cuestionando tanto la legitimidad de los autos que autorizaron los registros y otras medidas de vigilancia, como la idoneidad del tribunal para abordar la causa. Alegaron que al tratarse de hechos con vertiente internacional, con parte de las actividades desarrolladas en Portugal —donde la fabricación de tales embarcaciones está regulada y no resulta delictiva—, la competencia correspondería a la justicia portuguesa. En caso de mantenerse un proceso en territorio español, consideraron que la causa debería remitirse a la Audiencia Nacional por su carácter transnacional.

Europa Press detalló que, según las defensas, se habrían producido irregularidades en la obtención de pruebas, señalando que varios autos judiciales no motivaron suficientemente la autorización de registros en naves industriales ni el balizamiento de embarcaciones, entre otras medidas de investigación. Los letrados observaron, además, que parte de la instrucción judicial derivó de investigaciones sin indicios claros de criminalidad, lo que interpretaron como una investigación prospectiva contraria a los derechos fundamentales de sus representados.

Entre los argumentos de los acusados también surgieron quejas derivadas de las condiciones en sala, ya que afirmaron no haber podido entender la totalidad de las intervenciones por problemas acústicos. Este hecho, unido a la falta de acceso a toda la documentación, fue presentado como base para las alegaciones de indefensión.

En contraste, el Ministerio Fiscal defendió ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que sí existe competencia de este tribunal para enjuiciar los hechos, subrayando que la presunta actividad delictiva se centró en España, en particular en una nave de Vigo donde operaría la estructura principal del grupo acusado. Según el fiscal, aunque parte de la fabricación o ensamblaje de algunas embarcaciones se completara en Portugal, los destinatarios de las lanchas eran clientes radicados en España, con actividades del grupo que se extendieron a otras zonas españolas. El representante del Ministerio Público subrayó que la estructura criminal tenía un núcleo en Vigo, a partir del cual se expandía o desarrollaba hacia otros puntos del país.

El fiscal sostuvo que las diligencias realizadas por la Guardia Civil, como registros e intervenciones telefónicas, estaban respaldadas por indicios claros sobre la presunta actividad delictiva de los acusados. En palabras del representante del Ministerio Público, las embarcaciones intervenidas solo podían destinarse a actividades de narcotráfico.

Europa Press reportó que la investigación permitió conocer la existencia de al menos diecinueve 'narcolanchas', algunas de las cuales habrían sido empleadas en operaciones de tráfico de hachís en el sur de la península. Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de delitos de contrabando de géneros prohibidos, al haber sido cometidos mediante la colaboración de personas físicas, entidades y organizaciones.

La acusación pública también atribuyó a uno de los encausados los delitos de tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública, tras hallarse casi 300 gramos de hachís y una pistola detonadora semiautomática durante los registros en su domicilio y en su despacho de empresa.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitó penas de entre dos y nueve años de prisión para los imputados, además del pago de multas cuyo monto total supera los 80 millones de euros. En el caso de la empresa de transportes acusada, la Fiscalía reclamó una multa de 14 millones de euros y la imposibilidad de acceder a ayudas o subvenciones públicas, ni beneficiarse de incentivos fiscales, durante dos años, así como la suspensión de actividades relacionadas con la importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas durante un año y tres meses.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Audiencia Provincial de Pontevedra fijó el 16 de febrero como la fecha para reanudar el proceso y comunicar la decisión respecto a las cuestiones previas planteadas. El inicio del juicio quedará marcado por las declaraciones de los testigos, dado que el tribunal concedió que los acusados declaren al término de dichas intervenciones.