Madrid, 13 jun (EFE).- El Congreso debate este jueves la enmienda a la totalidad de Vox a la proposición de ley para una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, una iniciativa legislativa popular avalada por más de 600.000 firmas que el partido de Santiago Abascal rechaza por completo.
La Cámara Baja aprobó tomar en consideración esta iniciativa popular -que, según sus promotores, beneficiaría a medio millón de extranjeros- el pasado 9 de abril con el apoyo de todos los grupos menos Vox y esta es la única formación que ha presentado una enmienda a la totalidad.
La iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña que reunió más de 700.000 firmas, de las cuales fueron finalmente aprobadas 611.821, sin que hayan podido dar su apoyo los potenciales beneficiarios de la medida, ya que solo pueden firmar los ciudadanos de nacionalidad española mayores de edad.
Su objetivo es dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional.
Según sus impulsores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes y las barreras que les impiden contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
La propuesta nació de entidades como la plataforma ciudadana #RegularizaciónYa, la Fundación PorCausa o el partido Por un Mundo Más Justo y ha conseguido el apoyo de numerosas oenegés y asociaciones vinculadas a la migración y otros sectores de la sociedad, como la Iglesia católica.
En la enmienda que se debate este miércoles, Vox propone sustituir esta propuesta por una serie de medidas contra la inmigración irregular, que pasan por reformar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el Código Penal y la ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
En el primer caso, busca cambiar el marco legal para que sean expulsados del país todos los migrantes que se encuentren en situación administrativa irregular y los que, aun en situación regular, "hayan sido objeto de condena judicial por delito doloso".
También para eliminar los plazos máximos de prohibición de entrada en el país para las personas que han sido expulsadas y que ninguna persona que haya entrado al territorio de forma irregular pueda regularizar su situación administrativa en España.
Sobre el Código Penal, plantea establecer que las personas con nacionalidad española "no de origen" puedan ser condenadas a la pérdida de este vínculo jurídico con el país cuando hayan cometido un delito cuya pena sea igual o superior a cuatro años o a uno, en caso de reincidencia.
Y, por último, a través de una modificación de la ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, propone condicionar las ayudas al desarrollo para otros países desde España a que los Estados beneficiarios colaboren "en la lucha contra la inmigración ilegal". EFE
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