La Fiscalía mantiene su petición de 12 años de cárcel por un presunto caso de sumisión química en Palma

La Fiscalía ha mantenido este viernes, en la Audiencia Provincial de Baleares, su petición de 12 años de cárcel por un presunto caso de violación con sumisión química en un local de ocio de Palma. La Audiencia ha retomado este viernes el juicio, que tuvo otra sesión en marzo pero quedó pendiente de la declaración de dos peritos. Uno de ellos, forense, ha corroborado que los análisis detectaron dos fármacos con efectos somníferos e hipnóticos en la orina de la víctima, y ha defendido que se trataría de "un caso de libro" de "delito sexual facilitado por drogas". La acusación particular pide 13 años de prisión, y la defensa solicita la absolución, negando el delito. Los hechos se remontan a una noche de febrero de 2023, cuando la mujer se encontraba en un local con unas amigas. Las chicas habían quedado a comer y llevaban desde entonces consumiendo alcohol. La Fiscalía sostiene que el hombre invitó a la víctima a algunas bebidas y en una de ellas añadió dos tipos de fármacos hipnóticos; y que a medida que hacían efecto, presuntamente el acusado insistió a la víctima para que fueran a su domicilio, y una vez allí la violó. En la primera sesión del juicio, el acusado, un hombre de 38 años, negó haber drogado y violado a la víctima, a la que conoció en un local de ocio de Palma. El acusado sostuvo que mantuvieron relaciones sexuales "consentidas" y negó que colocara somníferos en la bebida de la víctima. Por su parte, la denunciante explicó que apenas recuerda nada de aquella noche a partir del momento en el que ingirió un combinado al que le invitó el acusado; sólo recuerdos borrosos de cómo se fue "a dormir" en su casa y "lo tenía encima". Al día siguiente, "no tenía fuerzas" y tuvo que pedir ayuda a un amigo para que la llevara al hospital, donde detectaron las drogas en un análisis. La víctima ha expresado la culpabilidad que sentía y que "no quería que nadie se enterara". La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, una indemnización de 25.000 euros para la víctima, así como una orden de alejamiento. También solicita imponer al acusado una medida de libertad vigilada durante cinco años y la inhabilitación durante 20 años para ejercer actividades que conlleven contacto con menores. En cualquier caso, plantea sustituir parte de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.