Bruselas investiga a firmas chinas de paneles solares por posibles subsidios excesivos

Bruselas, 3 abr (EFECOM).- La Comisión Europea abrió este miércoles dos investigaciones para determinar si dos empresas chinas y una rumana recibieron ayudas públicas de países extracomunitarios que les permitieron competir con una ventaja indebida en una licitación para construir un parque de paneles solares en Rumanía.

"La Comisión considera justificado abrir una investigación en profundidad a dos de los postores dado que hay suficientes indicios de que ambos recibieron subsidios extranjeros que distorsionan el mercado interior", dijo la institución en un comunicado tras haber realizado el análisis preliminar de las notificaciones que le remitieron las propias empresas.

Durante la investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario analizará si estos subsidios por parte de terceros países podrían haber permitido a las empresas hacer ofertas indebidamente ventajosas para hacerse con el contrato público en detrimento de otras firmas participantes.

En concreto, Bruselas investigará a dos consorcios que se presentaron a la licitación para diseñar, construir y operar un parque fotovoltaico en Rumanía con una capacidad instalada de 110 MW y financiado parcialmente con el Fondo de Modernización de la UE.

El primero esta formado por la empresa rumana ENEVO y por la subsidiaria en Alemania del grupo chino LONGi Green Energy Technology, mientras que el segundo lo componen las subsidiarias en Reino Unido y Hong Kong del grupo chino Shanghai Electric, controlado al cien por cien por el Estado chino, todas ellas activas en la industria fotovoltaica.

Las investigaciones tienen lugar bajo la nueva regulación de la UE sobre subsidios extranjeros, en vigor desde 2023 para controlar que las ayudas públicas no permitan a firmas de terceros países competir de manera desleal por hacerse con contratos públicos europeos, precisamente tras varias adquisiciones controvertidas por parte de China en los últimos años.

Según el nuevo reglamento, las empresas están obligadas a notificar sus ofertas en licitaciones públicas en la UE cuando el valor del contrato exceda los 250 millones de euros y cuando la compañía haya recibido al menos cuatro millones de euros en contribuciones financieras de al menos un país extracomunitario en los tres años previos a la licitación.

Tras el examen preliminar, la Comisión Europea puede optar como en este caso a abrir una investigación en profundidad, al final de la cual puede decidir aceptar los compromisos que presente la empresa si estos ponen fin de manera efectiva a la distorsión de la competencia, prohibir que se le adjudique el contrato público, o decidir que no tiene objeciones.

El Ejecutivo comunitario recordó que la apertura de la investigación no prejuzga su resultado y que cuenta con 110 días para llevarla a cabo.

La primera investigación abierta según la nueva norma se cerró el pasado 26 de marzo después de que la empresa investigada - el fabricante de trenes estatal chino CRRC - decidiese retirarse de la licitación pública en Bulgaria a la que había concurrido y que había motivado las pesquisas. EFECOM

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