El Gobierno retoma la reforma de la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica al urbanismo

(Actualiza la EC2296 con la postura de Sumar)

Madrid, 26 mar (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado el texto para modificar la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana de cara a su tramitación en las Cortes Generales tras haber decaído en la anterior legislatura, una reforma con la que se busca dar seguridad jurídica, estabilidad y certeza a los planes urbanísticos.

Mediante el texto aprobado este martes, el Ejecutivo busca evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Con esta reactivación, que ya avanzó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a comienzos de año, el Ejecutivo reaviva el anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2022 pero que no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales.

La titular de Vivienda espera contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante este anteproyecto de ley.

Sin embargo, Sumar entiende que el texto aprobado puede dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas, al tiempo que restringe el acceso a la acción pública limitando la capacidad de acción de los ciudadanos.

En este sentido, la formación de Yolanda Díaz sostiene que, aunque en alguna ocasión se haya podido utilizar con fines espurios, en incontables ocasiones la acción pública ha servido para paralizar planes sobredimensionados y de gran impacto social y medioambiental.

Estas desavenencias se unen a las críticas de Podemos, que entiende que esta reforma es similar a la que intentó aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) y da vía libre a la cultura del "pelotazo" y a la especulación de los fondos buitres.

Pese a ello la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha asegurado que hay voluntad de lograr un amplio consenso en el Congreso para sacarla adelante y que la primera percepción es que la mayoría de los grupos tienen vocación de aprobarla.

Con esta reforma, que el Ministerio de Vivienda ha recalcado que ha sido ampliamente demandada por las comunidades autónomas y ayuntamientos, se busca resolver un problema de seguridad jurídica en el planeamiento territorial y urbanístico español, así como avanzar en la simplificación y agilidad de los procesos.

El objetivo de esta reforma es aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica.

Las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ha explicado el ministerio, son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística.

En este sentido, se pone especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado.

La vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha señalado que con la modificación de la Ley del Suelo se da respuesta a una petición unánime de la federación para dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos al tramitar los planes urbanísticos y que por meros defectos formales estos no se queden paralizados.

A este respecto, ha añadido que es una reclamación que se tenía desde los ayuntamientos a la que hoy se da respuesta y además se adoptan medidas que garanticen las inversiones pendientes dentro del Plan de Recuperación.

La patronal de promotores y constructores de España, APCEspaña, también ha aplaudido esta medida, ya que supone un paso importante para garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo y hacer frente a la falta de oferta de vivienda y las dificultades de accesibilidad con un desarrollo y gestión del suelo más eficaz y con mayor seguridad jurídica.

Según sus datos, en la actualidad hay casi un centenar de municipios, donde se concentran casi 4 millones de personas, afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. EFECOM

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