La AN envía a los Juzgados de Madrid la investigación sobre la filtración de la rogatoria a Suiza de 'Tsunami'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez Manuel García Castellón y ha acordado enviar a los Juzgados de Madrid la pieza separada que el juez de 'Tsunami Democràtic' creó para investigar la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que pudieran haber tenido conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco de la causa. En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sala dejan sin efecto la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de crear una línea de investigación para esclarecer lo ocurrido con la petición de auxilio judicial que el magistrado remitió a las autoridades helvéticas. En su lugar, la Sala acuerda "expedir testimonio con el mismo contenido de dicha pieza separada y remitirlo al Juzgado Decano de Madrid para que sea uno de los Juzgados de Instrucción de Madrid el que conozca de los hechos mismos de la repetida pieza por si fueren constitutivos de un delito de revelación de secretos". Fue el pasado mes de febrero cuando García Castellón acordó encargar la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial. En concreto, pidió a los agentes "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación" a él mismo. Cabe recordar que el documento firmado por las autoridades suizas, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, tiene fecha de 29 de diciembre y, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juzgado recibió el texto después de que varios medios de comunicación publicaran su contenido. En la resolución en cuestión, la Oficina Federal de Justicia de Suiza se negó a auxiliar al juez de la Audiencia Nacional para localizar a la secretaria general de ERC Marta Rovira y para obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debía decidir antes si hay un carácter político en la petición. La asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa de 'Tsunami Democràtic', anunció después de conocer la filtración de la rogatoria que iba a tomar "las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos".